Por Grupo Zócalo
San Antonio, Tx.- Los planes del Departamento de Justicia para devolver el dinero robado del estado de Coahuila generan dudas sobre quién debería recibirlo.
Más de una década después de que los investigadores federales comenzaran a incautar propiedades y cuentas bancarias en Texas, propiedad de exfuncionarios mexicanos que habían saqueado las arcas públicas, el Departamento de Justicia dice que va a devolver parte de ese dinero al país donde fue robado.
Indicaron que los planes para enviar 26 millones de dólares a México representan una primicia histórica: Estados Unidos nunca ha devuelto las ganancias recuperadas de la corrupción a su vecino del sur.
Ese dinero es una porción de decenas de millones de dólares que los fiscales federales con sede en Texas recuperaron durante una extensa investigación sobre funcionarios estatales y municipales en México.
De 2012 a 2018, fiscales y agentes federales en Houston, San Antonio, Corpus Christi y el Valle del Río Grande lanzaron una investigación muy intensa de funcionarios gubernamentales y empresarios de cuatro estados mexicanos que, alega el Departamento de Justicia, robaron fondos y lavaron dinero en Texas.
Los investigadores rastrearon el dinero robado hasta condominios en South Padre Island, gasolineras y centros comerciales en Brownsville, una torre de almacenamiento en San Antonio que se vendió por casi 11.5 millones de dólares y casas en las áreas de Austin y Houston.
Las autoridades abandonaron los procesos, desestimando acusaciones y resolviendo discretamente demandas civiles, pero no antes de recuperar decenas de millones de dólares a través de la confiscación, el proceso legal de obligar a un propietario a entregar los bienes involucrados en los juicios.
Los planes para devolver parte de ese dinero –las víctimas de delitos financieros pueden solicitar recuperar los fondos incautados por el Departamento de Justicia– plantean nuevas preguntas sobre cómo EU debe manejar dinero sucio del extranjero.
Exigencia mexicana
En 2017, el Gobierno mexicano solicitó al entonces procurador general, Jeff Sessions la devolución de 2.28 millones de dólares que EU había incautado de una cuenta bancaria en Bermudas perteneciente al extesorero de Coahuila, Javier Villarreal.
Coahuila, que limita con partes del sur y oeste de Texas, ha estado en una situación financiera desesperada desde 2011, cuando se supo que Villarreal Hernández y otros funcionarios desviaron cientos de millones de dólares de una campaña masiva de obras públicas. Hoy, la deuda pública del estado equivale a casi 2 mil millones de
dólares.
Javier Villarreal fue finalmente acusado en México de falsificar registros gubernamentales por 250 millones de dólares en préstamos a nombre del estado y, en EU, de lavar decenas de millones de dólares a través de bienes raíces y cuentas bancarias de Texas.
El Gobierno federal de México es el responsable final de pagar la deuda que Villarreal Hernández acumuló de manera fraudulenta, escribió Raúl Cervantes, fiscal general de México en 2017.
En abril de este año, el Departamento de Justicia de EU dijo que devolverá 26 millones de dólares del dinero recuperado.
En México, eso ha desatado un debate sobre quién debe obtener el dinero, y aún reina la confusión acerca de cómo se gastará.
EU dice que el Gobierno de México se comprometió a gastarlo en un programa de educación sobre el fentanilo.
El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que si envía el dinero a Coahuila, se lo volverán a robar.
Potencial solución
En el caso de Coahuila, EU tiene una solución potencialmente simple: usar los 26 millones de dólares para pagar parte de la aplastante deuda de Coahuila. En cuanto a por qué EU y México no han accedido a eso, dijo Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en las relaciones entre EU y México, “no sé la respuesta”.
También quedan dudas sobre cuánto dinero EU ha recuperado. Los registros judiciales y los resultados de la subasta pública muestran que Villarreal Hernández entregó 34 millones de dólares en bienes raíces y cuentas bancarias al Gobierno federal norteamericano y casi 6 millones de dólares más al condado de Bexar.
Jueces federales de San Antonio sellaron partes de acuerdos con un empresario de Coahuila y la suegra de un exgobernador, lo que hace imposible saber quién recibió el dinero.
Los acusados también han entregado bienes a puertas cerradas, incluido un Mercedes McLaren, un auto deportivo raro que puede venderse por cientos de miles de dólares, que Villarreal Hernández testificó que perdió.
Con información de: JASON BUCH y TEXAS OBSERVER
