Por: Grupo Zócalo
Ciudad de México.- Elementos del Ejército espiaron a Raymundo Ramos, activista defensor de derechos humanos en Tamaulipas y a periodistas que investigaban denuncias sobre asesinatos de inocentes por parte de soldados, según documentos revelados por el organismo Artículo 19.
En un reporte de 2020 de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual fue descubierto el año pasado en un extenso hackeo a las Fuerzas Armadas y revisado por The New York Times, militares describieron los detalles de conversaciones privadas entre el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos y tres periodistas sobre la ejecución de tres civiles.
Pruebas forenses muestran que el celular de Ramos fue infectado múltiples veces por Pegasus, casi al mismo tiempo que los militares produjeron el informe sobre sus conversaciones, según un análisis de Citizen Lab, un instituto de investigación en la Universidad de Toronto.
Es la primera vez que hay evidencias firmes de que el Gobierno mexicano espió a ciudadanos que intentaban exponer sus crímenes, coincidieron especialistas consultados.
La Sedena llevó a cabo el espionaje contra Jesús Raymundo Ramos Vázquez desde el Centro Militar de Inteligencia (CMI), un órgano secreto del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN).
De acuerdo con documentos revelados por el grupo de hackers Guacamaya, este centro tiene como lema: “Discreción, oportunidad y precisión por el bien de México” y su objetivo es generar productos de inteligencia con datos obtenidos por medios cerrados, es decir, mediante la intervención de las comunicaciones.
“Objetivo: aportar a la subjefatura de Inteligencia del E.M.D.N., productos de inteligencia que se generen de la información obtenida en medios cerrados, así como, de la información relacionada con las operaciones que realiza contra la delincuencia organizada”, indica un documento fechado en mayo de 2021.
Los documentos expuestos por el grupo internacional de hackers Guacamaya, indicó la organización civil Artículo 19, permitió corroborar el espionaje de que fue víctima Ramos Vázquez a través del malware Pegasus, como ayer lo reportó la investigación Ejército Espía, en la que colaboraron Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.
La ficha que explica las funciones del CMI establece que su misión es administrar y operar, de manera integral, la infraestructura tecnológica del Sistema de Inteligencia Militar (S.I.M.) para obtener y procesar información sensible.
Los objetivos del espionaje están en función de los temas que sean del interés del Alto Mando, es decir, del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, con la ventaja de que se puede procesar, analizar y compartir en tiempo real.
Artículo 19 indicó ayer que la intervención de comunicaciones no es una atribución que pueda llevar a cabo la Sedena por sí misma, pues requiere de una autorización judicial.
Parte de las ventajas del CMI, de acuerdo con los propios documentos del Ejército, es su secrecía, pues esto le permite llevar a cabo sus actividades sin el escrutinio de la sociedad ni los controles de otros poderes, como en su caso podrían ser el Judicial y el Legislativo.
También reconoce que su actividad es ilegal, pues señala como uno de sus riesgos principales es que se conozca de su existencia y de las labores que desarrolla.
“Amenazas: fuga de información. Que se evidencien ante la opinión pública las actividades que se realizan en este Centro. Indiscreciones que pueda realizar el personal militar que participa en las operaciones”, indica.
Estos aspectos, los identifica en un análisis de Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), en el cual ve como una debilidad el que haya un avance tecnológico en las compañías de comunicaciones y telefonía que incremente la seguridad de los dispositivos móviles.
“(Además) eventos que se presenten en lugares aislados con nula cobertura telefónica (e) inclemencias climatológicas”, señala.
El CIM, de acuerdo con la evidencia obtenida, ha operado Pegasus, el programa israelí que permite infiltrar los dispositivos móviles y obtener toda la información almacenada, así como espiar las comunicaciones de voz, imagen y texto.
El uso de esta herramienta, contratada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se da pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado que en su Administración siga utilizándola.
Sobre el hackeo, especialistas han señalado en casos anteriores, que la vulnerabilidad de las plataformas de Gobierno puede generar amenazas a la seguridad nacional.
