Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó un análisis sobre el Plan B de la Reforma Electoral aprobado en días recientes por el Senado de la República.
Concluyó que las modificaciones a la Ley electoral “no redundan necesariamente en una merma en su autonomía ni tampoco en su operación funcional”.
La CNDH explicó que en lo aprobado no hay ninguna disposición constitucional expresa que determine cómo deben estructurarse y organizarse los institutos electorales, por lo que el Congreso de la Unión tiene libertad de configuración legislativa para decidir cómo se va a organizar al INE.
Además, no se advierte que con la reforma se reduzca su ámbito de atribuciones, solo que varía el reparto de responsabilidades y funciones por la modificación a diversos órganos del INE, refiere.
“No se advierte alguna situación derivada del contenido de las normas aprobadas que obligue a presumir que se comprometerá el debido ejercicio de las funciones electorales, pues la afirmación de que así será se basa en especulaciones y no en contrastes directos, objetivos y abstractos con la Constitución Federal”.
La CNDH resalta que la reforma busca eliminar los excesos dentro del INE, toda vez que “los organismos electorales históricamente solo han servido para mantener vicios que por años han manchado los procesos electorales”.
Acusa al INE de no apegarse a los principios de rango constitucional por caracterizarse en abusos en el uso de gasto público, constituyéndose como “uno de los organismos de esa naturaleza más costosos del mundo”.
En este sentido, indica, la reforma busca disminuir la excesiva burocratización del INE y gastos en productos, servicios y complacencias personales de los funcionarios.
Por ejemplo, denuncia, de 2014 y hasta 2019 se constataron 11 millones 617 mil 245 pesos del gasto público destinados a un seguro de gastos médicos mayores exclusivo para altos funcionarios del INE, si bien la cifra real no se conoce por haber sido reservada parte de la información.
La Comisión Nacional afirmó que con su análisis busca abonar al debate público sobre el Plan B de la Reforma Electoral desde la perspectiva de derechos humanos.
Con información de López-Dóriga Digital
