Por: Grupo Zócalo
Ciudad de México.- Más de 12 años después de haber muerto por una paliza de agentes fronterizos de Estados Unidos, el caso de Anastacio Hernández Rojas, originario de San Luis Potosí, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Comisionadas y comisionados escucharon de parte de una abogada de Hernández y un testigo, como en mayo de 2010, el hombre de 42 años fue sometido a una paliza que incluyó golpes, patadas, golpes con macanas, asfixias y choques eléctricos, lo cual le causó un infarto que derivó en su muerte.
Además, la defensa de Anastacio Hernández reveló que un grupo de operaciones clandestinas dentro de la Patrulla Fronteriza gestiona este tipo de situaciones para evitar crisis. El Equipo de Incidentes Críticos y su función, aseguran, fue la de alterar evidencia para liberar de responsabilidades a los agentes, e incluso, borrar material de testigos que presenciaron la agresión.
“Solo se lograba escuchar gritos de las personas que le pedían de manera enérgica que dejaran de golpear a esa persona, porque no era un animal, que basta de tanto golpe”, relató Rafael Barriga, quien en esa fecha trabajaba como empleado del Instituto Nacional de Migración en el puerto de San Ysidro.
La petición de la esposa de Anastacio Hernández, María Puga y de la defensa del potosino, es clara, que el gobierno estadunidense reabra la investigación federal por el homicidio del mexicano.
“¿Cómo es que 17 agentes de la agencia federal judicial más grande del país golpearon a un hombre hasta la muerte en público, en frente de docenas de testigos, en video, sin consecuencias?, pedimos a la comisión que, entre otras medidas, instruya a EU para reabrir la investigación de la muerte de Anastacio”, explicó Roxanna Altholz, representante de Hernández y su familia.
El gobierno de Estados Unidos, representado ante la CIDH en esta audiencia por tres personas, se limitó a presumir mejorar en sus políticas de uso de la fuerza años después del asesinato de Anastacio Hernández. Los funcionarios, que leían viejos comunicados, nunca aceptaron una responsabilidad por parte de los agentes.
“CBP está comprometido en construir confianza entre sus oficiales y la gente a la que sirven, y también está comprometido en hacer rendir cuentas a los oficiales y ante cualquier abuso de poder o uso excesivo de la fuerza”, dijo David Bova, director de Políticas de Uso de la Fuerza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
El 28 de mayo de 2010, cuando Anastacio Hernández cruzó la frontera entre México y Estados Unidos, en Tijuana, con la intención de reencontrarse con su esposa y sus cinco hijos y recuperar la vida que había construido en California, luego de que fuera deportado a México algunos días antes. Pero fue descubierto junto a su hermano, Pedro, cerca de Otay Mesa por agentes fronterizos.
Documentos inéditos obtenidos por MILENIO muestran cómo se le tomaron las huellas digitales al hombre, además de un par de fotos, para registrar su detención y comenzar su proceso de deportación expedita.
Entre los documentos se encuentra una carta de aceptación de su deportación y para no solicitar su comparecencia ante un juez migratorio. Según los abogados de Hernández, se trató de un ejemplo de varios de la manipulación que agentes fronterizos realizaron para poder librar una investigación criminal.
Una vez en el puerto de San Ysidro, California, la situación se volvió violenta. Según los testimonios de los funcionarios federales estadunidenses, cinco agentes fronterizos no podían someter al paisano mexicano, que además venía de caminar un buen tramo del desierto estadunidense, por lo que en el forcejeo, Hernández se golpeó a él mismo varias veces contra un vehículo de la Patrulla Fronteriza y contra el suelo.
Por otro lado, la familia de Anastacio, que demandó por la vía civil a la Patrulla Fronteriza y a los agentes, presentó testimonios que relatan que los funcionarios estadunidenses comenzaron a agredir al mexicano, e incluso se sumaron más agentes, para que finalmente hasta 25 oficiales de la Patrulla Fronteriza y ICE participaran golpeándolo, bloqueando la visibilidad o incluso confiscando celulares y borrando los videos que se pudieron grabar.
En lo que se está de acuerdo, es que tras dos descargas eléctricas con teasers, el potosino sufrió un paro cardiaco. Su cerebro se quedó sin oxígeno por ocho minutos, por lo que se le declaró con muerte cerebral. Murió días después en el hospital al que lo trasladaron. La autopsia reveló que la forma de su muerte fue la de un homicidio.
La demanda civil fue dada por terminada en 2017, cuando el gobierno estadunidense llegó a un acuerdo para pagar un millón de dólares a la familia de Anastacio, en California, Estados Unidos, como reparación del daño, sin embargo, el caso se llevó a la CIDH debido a que también se cerró la investigación federal contra la Patrulla Fronteriza. Se espera que el caso sea analizado por los comisionados y, eventualmente, emita alguna resolución.
Con información de Milenio
