Por: Agencia Reforma
Ciudad de México.- Después de haber sido operado de las arterias, el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue trasladado esta mañana del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” al Hospital Belisario Domínguez, donde continuará con sus tratamientos y recuperación.
El ex funcionario salió este jueves en punto de las 11:15 horas del nosocomio localizado en Tlalpan, en una ambulancia custodiada por una camioneta con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
El hospital al que fue trasladado se localiza en Avenida Tláhuac, en la Alcaldía Iztapalapa, y cuenta con especialidades en cardiología, geriatría, medicina interna, nefrología, neumología y neurología, entre otras.
De acuerdo con autoridades penitenciarias, el hidalguense se encontraba en observación médica en el Instituto Nacional de Cardiología y en el Hospital Belisario Domínguez continuará con su tratamiento y seguimiento médico especializado.
Son ya dos semanas las que el titular de la FGR lleva internado en distintas clínicas, en la que ha sido objeto de distintos estudios médicos e intervenido quirúrgicamente.
El pasado 19 de octubre fue excarcelado del Reclusorio Norte y llevado al Hospital General de Xoco para una revisión médica por problemas derivados de un cuadro con signos de dislipidemia, es decir, por sus elevados niveles de colesterol y triglicéridos. Al día siguiente fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología, donde llegó con una arteria obstruida.
Allí los especialistas determinaron intervenirlo quirúrgicamente, practicándole de emergencia una cirugía Edarterecotomia Carotidea de Alto Riesgo. Enseguida pasó al área de terapia intensiva, donde estuvo internado hasta esta mañana.
El ex Procurador tiene otros padecimientos de salud como enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), hipertensión y la obstrucción vascular cerebral.
Murillo fue detenido el pasado 19 de agosto y desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Norte de esta ciudad, procesado por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, supuestamente cometidos durante la investigación del Caso Ayotzinapa.
