Por Grupo Zócalo
Ciudad de México.- El año pasado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió un caso de arbitraje internacional contra la empresa canadiense ATCO y tuvo que pagar una indemnización de más de 85 millones de dólares, según tres personas familiarizadas con el asunto.
Si bien se trata de un gasoducto cuya construcción fue contratada por el gobierno anterior, el caso muestra el tipo de compensación que México podría tener que pagar en disputas en las que el actual gobierno está envuelto por polémicas medidas para reforzar el control estatal del mercado energético.
La Corte de Arbitraje Internacional de Londres dictó el laudo a favor de ATCO en octubre de 2021, dijeron las fuentes. Una vez añadidos los honorarios legales y los intereses, la suma ascendió a unos 100 millones de dólares, que la CFE pagó a ATCO en diciembre, añadieron.
ATCO no podía hacer comentarios porque sus relaciones contractuales con la CFE son confidenciales, dijo un portavoz de la empresa, y añadió que seguía comprometida con la búsqueda de soluciones energéticas eficientes y de bajas emisiones en México. El tribunal declinó hacer comentarios y la CFE no respondió a solicitudes de comentarios.
Contrato fue cancelado por que era una obra “inconclusa”
La firma persiguió el arbitraje, porque después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018, la CFE canceló un contrato firmado con la firma canadiense en la administración pasada para construir un gasoducto cerca de la ciudad central Tula con el argumento de que la obra estaba incompleta, dijeron las fuentes.
ATCO ya había construido la mayor parte del gasoducto Ramal Tula, de 17 kilómetros, que debía abastecer a una central eléctrica. Pero la empresa dijo que no podía terminar el tramo final debido a la resistencia de las comunidades locales, por lo que invocó fuerza mayor.
La empresa canadiense argumentó que México no había hecho lo suficiente para permitirle completar el gasoducto y el tribunal le dio la razón, dijeron las fuentes. El proyecto había sido estimado inicialmente por México como una inversión de 66 millones de dólares cuando se adjudicó en 2014.
