Saltillo, Coah.- En Coahuila, el programa federal de pensiones del bienestar para adultos mayores cuenta con un padrón inflado, con hasta 200 mil personas de la tercera edad que estarían cobrando beneficios federales sin siquiera corroborarse su existencia, lo que se traduce en un gasto anual de más de mil 570 millones de pesos.
Así lo revelan los datos del programa de asistencia encabezado por la secretaría del bienestar en coahuila, luego de que finalmente se ordenara su apertura, dejándose al descubierto que este opera con un padrón 46.8% Más personas con pensiones que población real, a las que se les pagan 2 mil 500 pesos bimestrales.
Según información obtenida gracias al instituto nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en coahuila se pagan pensiones a 629 mil 420 personas, de las cuales 95 mil 633 residen en saltillo, sin embargo, según datos del inegi, en coahuila hay poco más de 428 mil personas con más de 65 años y que, en teoría, podrían ser acreedoras a los beneficios de dicho programa.
Esto significa que según los oficios generados mediante bienestar, y entregados por la secretaría de hacienda y crédito público, en el estado hay 200 mil coahuilenses mayores de 65 años “fantasmas”, que reciben como pensión bimestral 2 mil 500 pesos, a pesar de que dicho excedente poblacional ni siquiera existe en los registros del inegi.
Esta información deriva de un proceso que lleva meses, en el que el consejo del inai tomó la resolución de que se violó la ley de acceso a la información al ocultar todo lo relacionado al programa en la entidad.
Originalmente, tanto la secretaría de bienestar como hacienda dieron por respuesta instrucciones para seguir un laberinto de portales y ligas, hasta llegar a la base de los programas de egresos, por ejercicio, donde finalmente se corroboró que es imposible acceder a los datos solicitados, o bien, se accedía a documentos en blanco.
En la respuesta original, emitida en julio pasado, hacienda determinó que no existía la obligación de elaborar documentación a modo para atender las solicitudes de acceso a la información, así como tampoco se iba “a elaborar o preparar información para atender lo solicitado por el ciudadano.
