Saltillo, Coah.- Escondiendo la que pretendía ser una licitación pública y dirigiéndola hacia un concesionario de Nuevo León, el favorecido de siempre, el Ayuntamiento de Ciudad Acuña encabezado por Emilio de Hoyos Montemayor (de UDC, aunque postulado por Morena) pretende adjudicar entre irregularidades el servicio público de limpia por 15 años, negocio que representará comprometer alrededor de 450 millones de pesos a las arcas municipales.
Mediante un procedimiento exprés que duró una semana, del 1 al 8 de julio, y a la medida de PASA, quien por 30 años ha monopolizado el servicio pese a que la gestión udecista manifestó su inconformidad por los “basureros clandestinos que hay en la ciudad”, el Cabildo aprovechó las vacaciones para ocultar las bases de la convocatoria y comprometer las finanzas públicas de las próximas cinco administraciones municipales en un fideicomiso creado expresamente para garantizar la operación.
Si bien la concesión data de 1992, durante la alcaldía encabezada por Evaristo Pérez Arreola, su hijo, Evaristo Lenin Pérez, ha modificado desde la Presidencia Municipal en dos ocasiones los términos del convenio, en 2009 y 2015; momentos en los que ha estado presente también De Hoyos Montemayor.
El multimillonario negocio de la basura en Acuña
Como si se tratase de cualquier adjudicación directa rutinaria y de menor cuantía, le tomó ocho días (del 1 al 8 de julio, en pleno periodo vacacional, cuando todo mundo está pendiente de otros asuntos) cerrar un trato que durará 15 años de vigencia.
Se trata de una presunta licitación identificada con el folio MAC/ECOL/001/2022 para el “servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos en el Municipio de Acuña”, la cual fue “difundida” en el acta de Cabildo con fecha del 31 de mayo, aunque, aduciendo vacaciones, no está disponible como información pública de oficio y no lo estará hasta agosto, tres meses después, casualmente cuando haya quedado resuelto el negocio.
Como acto previo, el Ayuntamiento acuñense publicó en la Gaceta Municipal del 21 de junio, una “declaratoria de necesidad” donde manifestó como problemática, “erradicar la totalidad de los basureros clandestinos que hay en la ciudad”, y “disminuir radicalmente la gran cantidad de polvo en el ambiente” (¿?).
Aquí la cuestión de fondo es, cómo podría lograr ese objetivo la Promotora Ambiental S.A. (Pasa) el mismo concesionario que durante 30 años de operación no lo ha conseguido con sus 12 rutas.
Por lo demás, las bases de la convocatoria –que nunca salieron de la Presidencia Municipal, justo es decirlo– son “un traje a la medida” pues exigen a los participantes, experiencia mínima de 10 años, un contrato previo que ampare servicios en municipios con al menos 100 mil habitantes, y un capital contable superior a 30 millones de pesos.
A eso, en los hechos, se le denomina licitación dirigida. Dirigida a Pasa, por supuesto. Según la convocatoria, la concesión de Pasa vence el 31 de julio, y también en la misma fecha el comodato del inmueble destinado al relleno sanitario.
Sin embargo, existe un error o por lo menos un desfase, ya que el contrato con Pasa del 7 de diciembre de 2015 –único instrumento legal vigente, mismo que inició con una cuota fija mensual de 1 millón 510 mil pesos– menciona que la concesión termina hasta el 24 de agosto de 2022, por lo cual todavía habría oportunidad de reponer y transparentar el proceso de licitación pública.
Y en ese mismo documento –en poder de quien esto escribe– el Municipio reconoció un adeudo por 29.6 millones de pesos y se comprometió a pagarlo en 86 abonos mensuales a partir de julio 2015. Ello supondría terminar su obligación en septiembre de 2022 (otra discordancia, ya que sus propias fechas de conclusión no empatan con las de la licitación).
Pero no especifica de dónde proviene la deuda, cómo se generó, de quién es la responsabilidad, y por qué no fue pagado el servicio en tiempo y forma si el Ayuntamiento manejaba entonces un presupuesto superior a los 400 millones de pesos al año que, a 2022, se incrementó hasta 739 millones.
La ciudad, cabe señalar, produce entre 175 y 190 toneladas diarias de basura, y el servicio público de limpia fue concesionado por primera vez el 17 de agosto de 1992 (durante el mandato de Evaristo Pérez Arreola).
Posteriormente hubo ampliaciones de vigencia y adiciones el 21 de mayo de 2004 (con Alfredo Garza Castillo-UDC) el 18 de agosto de 2009 (Evaristo Lenin-UDC) y el 7 de diciembre de 2015 (Evaristo Lenin-UDC).
En las tres administraciones citadas donde hubo modificaciones, cabe señalar, De Hoyos Montemayor, participó en el tema directamente como director de Ecología un par de veces, e indirectamente como regidor la última ocasión.
Ahora bien, al trascender un eventual contrato por 15 años el periodo de la Administración actual, este requiere autorización del Congreso del Estado de acuerdo con el Artículo 12 de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado de Coahuila, pues compromete las finanzas públicas de las cinco siguientes gestiones municipales –sin considerar hipotéticas reelecciones– en un fideicomiso creado expresamente para garantizar su cobertura.
Así los próximos cinco alcaldes de Ciudad Acuña estarán atados de manos para modificar, sin consecuencias económicas, las condiciones de lo firmado con ligereza en estos días, lo cual no es poca cosa. Ojo.
No obstante, en lo que va de la Legislatura y hasta la última sesión, celebrada el 18 de julio, no ha sido presentada ninguna solicitud de autorización por parte del Cabildo.
En el Presupuesto de Egresos para 2022 de Ciudad Acuña, eso sí, consta una partida de 30 millones de pesos aprobada para crear un “fideicomiso para la administración del servicio de recolección de basura”. A su vez, en el rubro Ecología correspondiente a “ordenación de desechos”, existen 56 millones 739 mil pesos etiquetados.
Dicha cantidad anual ingresada en el fideicomiso supone finalizar con alrededor de 450 millones de pesos gastados en el ejercicio fiscal 2037, y que la empresa Pasa obtenga dividendos de Acuña durante 45 años consecutivos. Más tiempo que la deuda de Coahuila, solo para dimensionar.
Cortita y al pie
Por lo demás, no es la primera vez que ocurre algo así. El 6 de diciembre de 2017, a escasos 25 días de concluir el cuatrienio encabezado por udecista Lenin Pérez Rivera, el Ayuntamiento de Ciudad Acuña concesionó el alumbrado público por 20 años a la empresa NL Technologies, S.A. de C.V. (demandada múltiples veces por incumplimiento en otros estados) y comprometió las finanzas por 856 millones 105 mil pesos.
El 24 de julio de 2019 (así como ahora, durante las vacaciones de verano) fue renegociado dicho convenio en la gestión del alcalde Roberto de los Santos –UDC– entre críticas de los regidores de oposición –PRD, PAN e, irónicamente, Morena–.
La última y nos vamos
Y finalmente, lo obvio: cada negociación o renegociación a largo plazo es una ventana de oportunidad para recibir canonjías debajo de la mesa. Está en el “manual no escrito de la administración pública municipal”. Históricamente, a juzgar por sus decisiones, eso lo saben bien los udecistas.
