CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque enfrentan delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, de momento ocho de los diez imputados por el colapso de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos, no pisarán la cárcel.
En la audiencia inicial del caso, que duró casi 22 horas y concluyó a las 8:00 horas de ayer, la Fiscalía capitalina solicitó la prisión preventiva para los acusados, sin embargo, el Juez de Control negó la petición al considerar que no había elementos, por lo que les fijó como medidas cautelares una firma periódica mensual y no salir del país.
Además, concedió la duplicidad del término constitucional de 144 horas para definir su situación jurídica, por lo que el martes se conocerá si son vinculados a proceso.
Los otros dos señalados, Héctor Rosas Troncoso, exsubdirector de Obra Civil del Metro, y Guillermo Leonardo Alcázar, exdirector Responsable de Obra para la construcción de la Línea 12, fueron diferidos debido a que ambos argumentaron padecer síntomas de covid-19, por lo que se retiraron de las salas de oralidad del Poder Judicial.
Tras la audiencia, Teófilo Benítez, abogado de 12 de las víctimas del desplome, calificó como vergonzoso el resultado.
Entre todos los delitos suman como pena mínima 48 años. Y el juez autoriza unas medidas cautelares irrisorias, como la presentación mensual para los imputados, y que no salgan del país. Todo eso se lo dejamos para que la sociedad haga conciencia y para que vea el tipo de juzgador que tenemos”, criticó.
Cristopher Estupiñán, defensor de otras 14 víctimas, confió en que existen elementos para que el próximo martes se vinculen a proceso a los ocho exfuncionarios.
Hay muchísimos datos de prueba que desfilaron el día de ayer; definitivamente se va a lograr la vinculación a proceso. Veamos qué plazo nos dan para el cierre de la investigación complementaria, que va a ser como de seis meses, que es el plazo máximo”, detalló.
MEDIDAS
Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina, detalló que, como parte de las medidas cautelares, a cinco de los ocho imputados se les retiraron sus pasaportes para evitar que huyan.
En un mensaje, detalló que a los ocho exfuncionarios se les prohibió acercarse o comunicarse con las víctimas, siempre que no atente contra su derecho de defensa.
Aclaró que los dos implicados que faltaron a la audiencia fue debido a enfermedad, en un caso, y otro por cambio de defensor.
Será el martes cuando el juez José Luis Palacios defina si vincula o no a proceso a los 8 exfuncionarios. La audiencia de los otros dos imputados, se llevará a cabo el 4 de agosto.
