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Diputados de Morena niegan ‘persecución política’ contra Peña Nieto

Hamlet García subrayó que el ex presidente tiene a salvo su garantía de audiencia para acreditar las transferencias por 26 millones de pesos

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Por Grupo Zócalo

Ciudad de México.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados negó una “persecución política” contra Enrique Peña Nieto, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el ex presidente por presuntas “irregularidades financieras” por 26 millones de pesos.

“No hay ninguna persecución, es un tema de hechos, de actos por parte de actores públicos y existe una huella de esos movimientos; se trata de una investigación que se abre, hay garantía de audiencia y el ex presidente Peña Nieto va a poder comparecer en estos procedimientos, y si no hay nada que deber, no hay nada que temer”, puntualizó el legislador morenista Hamlet García.

En entrevista, el diputado secretario de la Comisión de Justicia en el Palacio de San Lázaro subrayó que el ex mandatario podrá en su momento presentar los documentos que amparen la evolución de su patrimonio o las transferencias de recursos.

“Esta no es una sentencia, esto es apenas el inicio y él va a tener derecho a probar; así funciona un estado democrático y constitucional de derecho”, agregó.

Por separado, la también legisladora morenista Cecilia Márquez rechazó, igualmente, una persecución política contra Peña Nieto y respaldó las actuaciones de la autoridad en ese caso.

“No hay persecución política, es la persecución de un presunto delito en donde el fiscal tiene pruebas y deberá tomarlas para armar una carpeta de investigación y presentar el caso”, sostuvo la integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Sobre la respuesta que el ex presidente Peña Nieto dio en redes sociales, Márquez señaló que no es una cuestión de declaración fiscal, de propiedades o de una aseveración política, pues “la UIF no se maneja a contentillo político: es una cuestión que se hace a particulares o funcionarios públicos que tienen procedencia de recursos ilícitos o evasión fiscal”.

Detalló que el gobierno tiene la obligación de señalar los presuntos ilícitos desde sus órganos de control, como la propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Pablo Gómez.

Con información de Milenio

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