Ciudad de México.- Si el ex presidente Enrique Peña Nieto no demuestra que declaró ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las transferencias que su familiar le envió a España por más de 26 millones de pesos, enfrentará el delito de evasión fiscal. Todo, sin que, hasta ahora, corra el riesgo de que se congelen sus cuentas por no existir una autoridad internacional rastreándolo.
Salvador Mejía, abogado y experto en lavado de dinero, explicó que el caso del ex mandatario federal, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República tras detectar transferencias irregulares por más de 26 millones de pesos, desencadenará otros delitos que dependerán de la forma en que esté integrada la carpeta de investigación.
Explicó que, de entrada, si como el titular de la UIF, Pablo Gómez, explicó por la mañana, la denuncia se centra en los 26 millones de pesos recibidos desde México hasta España, el ex presidente tendrá que aclarar la licitud de ese dinero, demostrando que los declaró ante el SAT.
“Sería muy probablemente el delito de evasión fiscal y también habría que preguntarnos el por qué la UIF está presentando esta denuncia sin el apoyo del SAT, porque desde que estaba Santiago fundamentaban acusaciones de corte político pero desde el ámbito fiscal”, advirtió.
Por su parte, el SAT deberá desplegar una investigación contra el patrimonio del ex presidente, la familiar acusada y las empresas involucradas.
“La UIF es de tercer nivel, lo que procede es que la fiscalía, con la denuncia que ya tiene, voltee hacia el SAT y solicite información. Lo preocupante es que el Servicio de Administración Tributaria se verá en la necesidad de lanzar una auditoría en contra de todas las personas que mencionó hoy Pablo Gómez. Porque si no hay auditoría no hay forma de poder demostrar irregularidades, tanto el ex presidente como su familiar y las empresas son contribuyentes normales, así que se tiene que hacer una auditoría para fundamentar discrepancias fiscales”, explicó.
Si las transferencias no coinciden con su declaración, el delito será evasión fiscal, aclaró. Sin embargo, si Peña Nieto no logra demostrar el origen del dinero, la FGR también rastreará lavado de dinero.
“A partir de ahí sí podríamos tener un mapa más claro de cuáles son las acusaciones de las que tendría que defenderse Peña Nieto, sus familiares y las empresas involucradas”, dijo.
Sin embargo, con las actuales leyes en materia de lavado de dinero y las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, así como las jurisprudencias de la Suprema Corte que la UIF ha intentado echar abajo sin éxito, en este momento no hay posibilidad de que las cuentas del ex presidente priista terminen congeladas y se frustre la vida que lleva en España desde que concluyó su sexenio.
Por lo que Mejía destacó la prudencia con que se manejó el titular de la UIF al presentar el caso, pues lejos “de la espectacularidad” que caracterizaba a su antecesor, Santiago Nieto, Pablo Gómez no subió a Peña Nieto a la lista negra de personas que serían bloqueadas en el sistema financiero.
“Saben que mientras no exista un requerimiento de un gobierno extranjero no tienen posibilidades de tener un proceso a su favor, en dos minutos, un buen abogado o una buena abogada puede tumbarles en juicio de amparo el bloqueo de cuentas”, señaló.
Con esta prudencia, el experto en lavado de dinero y quien ha participado en varios juicios en contra del bloqueo de cuentas de la UIF, recordó que estos actos anticipados de su ex titular y la violación a la secrecía del proceso era lo que impedía que las investigaciones tuvieran éxito una vez que llegaban a la FGR.
Con información de Milenio
