Por Agencia Reforma
Ciudad de México.- Luego de que se diera a conocer que el SAT en Jalisco negó la firma electrónica a un joven con discapacidad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hizo un llamado para que sea respetado el derecho al reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad.
En un pronunciamiento, el órgano de la Secretaría de Gobernación también urgió a establecer un sistema de apoyos para la toma de decisiones, sin intermediación de alguien más.
“Hace unos días fue difundida la negación de la firma electrónica por parte del SAT a una persona con discapacidad por considerar que incumple con los requisitos para obtener este certificado, aparentemente por considerar que no contaba con la capacidad jurídica para hacerlo”, recordó el Conapred.
“En ese sentido, el Conapred reitera que todas las personas de ese sector de la población tienen el derecho de tomar decisiones sobre sus propias vidas y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, ya que la Constitución prohíbe la discriminación basada en la discapacidad (artículo 1, párrafo quinto)”.
REFORMA publicó que funcionarios del Servicio de Administración Tributaria en Jalisco negaron la firma electrónica a Daniel Robles Haro, de 26 años, originario de Zapopan, y quien vive con parálisis cerebral cuadriparesia distónica.
El joven activista en favor de políticas de inclusión, quien se desplaza en silla de ruedas con un asistente, relató que un coordinador de la oficina le explicó que el SAT no podía saber “a simple vista” si es una persona capaz de asumir una responsabilidad como contribuyente.
En el SAT le dieron dos opciones: presentar un dictamen médico que lo faculte como capaz, o bien, que su madre consiga un dictamen de incapacidad y ella firme como tutora.
“La creencia no sustentada de que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones o que sean sujetas a la interdicción, que la propia SCJN declaró inconstitucional, ocasiona que sean relegadas respecto a decisiones sobre aspectos financieros, fiscales, o que tienen que ver sobre su salud y/o el acceso a servicios que deben ser para todas las personas”, agregó el Conapred.
“Por ello, se debe pasar del paradigma médico asistencialista a un enfoque de derechos para que tengan los mecanismos de apoyo y evitar las prácticas discriminatorias”, añadió en alusión a su propuesta de un sistema de apoyos sin intermediación de por medio.
Informó que, de enero de 2017 a mayo de 2022, ha recibido 943 expedientes de quejas calificados como presuntos actos de discriminación realizados por personas servidoras públicas.
“El Conapred pone a disposición su acompañamiento para sensibilizar al personal de las instancias de los diferentes ámbitos de gobierno para que garanticen un trato digno y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, agregó.
