Más de 300 detenidos por saqueos en Nuevo León

De la cifra, 154 quedaron en libertad después de pagar una multa y 167 fueron puestos a disposición del Ministerio Público

Por: Agencias

Monterrey.- A más de 300 personas ascendió la cifra de detenidos a raí­z de actos vandálicos y saqueos que protagonizaron, grupos de presuntos infiltrados durante y después de una manifestación que realizó frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León.

Sin embargo, 154 quedaron en libertad después de pagar una multa o cumplir un arresto por faltas administrativas y sólo 167 fueron puestos a disposición del Ministerio Público, como presuntos responsables de los delitos de sedición, desorden público, rebelión, daí±o en propiedad ajena, robo, y lesiones, informó la vocerí­a del gobierno estatal para temas de seguridad y casos relevantes de corrupción. En la zona de la Explanada de los Héroes y a raí­z de los ataques al Palacio de Gobierno, la administración estatal reportó 20 detenciones, cuatro relacionadas con la destrucción de los vitrales, mismas que se realizaron con una patineta, estructuras utilizadas como vallas de acero. Incluso la revista “Hora Cero” publicó la fotografí­a de un sujeto que con un martillo destrozaba uno de los vitrales. En ese contexto, se filtró a diversos medios por una supuesta fuente federal, la versión de que el activista Juan Carlos Armadillo, está siendo seí±alado por las autoridades como uno de los instigadores de la violencia. Ante ello, participantes en la marcha que salió del mercado Juárez al Palacio de Gobierno, para protestar contra el gasolinazo y otros aumentos, exigieron a las autoridades no crear chivos expiatorios, mientras el colectivo Unete Pueblo, que dirige Rocí­o Montalvo Adame, demandó para todos los detenidos un proceso legal justo, pues si no se comprueba plenamente su culpabilidad, o se les inventan delitos, se convertirí­an en presos polí­ticos. La agrupación que participó en la organización de uno de los seis contingentes que confluyeron en la concentración de la Gran Plaza el jueves pasado, expuso que durante el recorrido desde el mercado Juárez, hubo varios intentos por “reventar” la marcha y generar violencia, por parte de varios jóvenes a los que tomaron fotografí­as y videos, pero gracias a la buena organización y unión de los colectivos participantes, la marcha llegó en paz al Palacio de Gobierno. Incluso, afirmó, algunos de ellos fueron denunciados ante la policí­a, pero posteriormente fueron observados cuando participaban en los desmanes que causaron daí±os en los vitrales y la puerta principal del inmueble histórico. Unete Pueblo demandó no perder de vista los objetivos de estas movilizaciones, que son: derogación inmediata del gasolinazo y las reformas estructurales impuestas por el gobierno federal; que el Congreso local derogue la reforma al Código Fiscal del Estado, por la cual es posible embargar los bienes de las familias que no paguen impuestos.. Asimismo, justicia, memoria y reparación del daí±o para las ví­ctimas de la guerra contra el narcotráfico; reajuste del presupuesto estatal para eliminar prestaciones, viáticos y recortar sueldos de altos funcionarios; y la integración de los usuarios al consejo estatal de transporte, para que no prevalezcan solamente los intereses de los empresarios camioneros, con aval del gobierno. Por otro lado, la organización civil Redes Quinto Poder expresó su preocupación, ante el anuncio del gobernador Jaime Rodrí­guez Calderón, de que la Policí­a Cibernética del gobierno estatal tení­a vigilados a los usuarios de redes sociales que han convocado por eso medio a cometer actos violentos y saqueos. Juan Manuel Ramos, que dirige la citada plataforma ciudadana, en pro de la transparencia y contra la corrupción, repudió los actos vandálicos y violentos, pero advirtió el riesgo de que bajo ese pretexto, el gobierno de Jaime Rodrí­guez pretenda establecer un Estado de Vigilancia, sobre el uso de las redes sociales, como si toda la ciudadaní­a aprobara e hiciera apologí­a de los saqueos y destrucción de bienes. Consideró que ese tipo de prácticas policiales, contravienen el derecho humano a la libertad de expresión y cuestionó, quiénes conforman ese cuerpo de vigilancia, cuáles son sus lí­mites, y cómo se determina qué usuarios de redes sociales hacen apologí­a de la protesta violencia y de la alteración del orden público. A su vez, la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), rechazó cualquier acto violento que pretenda insertarse en el ejercicio de los derechos de manifestación y a la libre manifestación, ya sea por parte de la ciudadaní­a, o los agentes del estado, si bien destacó que la violencia y desmanes ocurridos la noche del jueves, fueron provocados por grupos pequeí±os de “reventadores”. Finalmente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) llamó a las autoridades estatales y municipales a garantizar la seguridad e integridad de las personas que participen en actos de protesta en ejercicio de sus derechos, a quienes conminó a participar de manera pací­fica. Instó al gobierno federal a la revisión de las polí­ticas que afectan a la población en sus derechos económicos y sociales mismas que, junto con medidas tomadas por los gobiernos locales, motivaron las manifestaciones ciudadanas.