Reprochan en Colima ‘cochinero’ del priísta Ignacio Peralta

Colima.- El Gobierno de Colima denunció adeudos y anomalías por más de 11 mil millones de pesos que le dejó el ex Gobernador priísta Ignacio Peralta. La Gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que están en proceso de interponer las denuncias, a fin de que el daño al erario no quede en la impunidad. Entre las irregularidades emblemáticas, expuso la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Fabiola Verduzco, está el crédito por 500 millones de pesos que solicitó el Gobierno estatal al Congreso para el C5i. Se detectó que solamente 140 millones fueron para su desarrollo, el resto se desvió para rubros distintos. Por ejemplo, 65 millones de pesos se canalizaron a la deuda administrativa, 121 millones al pago de impuestos, 12 millones para pago de internet y 130 millones se canalizaron a pasivos del sector salud. Hasta el momento, denunció la secretaria de Salud, Martha Espinosa, en su área se encontró que de los 611 millones autorizados en 2021, el Gobierno anterior consignó a diversas áreas 490 millones, por lo que investigan en qué gastaron 100 millones de pesos más. Los adeudos en proveedores, juicios mercantiles, laudos y pagos de obligaciones derivadas a servicios personales suman del 2012 al 2020 630 millones de pesos, y se suman 500 millones de pesos más del 2021. También denunció que se entregaron bonos extraordinarios sin justificación, quincenales, con importes que van de los 500 a los 17 mil pesos. Además de que la Secretaría de Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación y la Contraloría General de Estado, encontraron montos pendientes por solventar de las cuentas públicas del 2016 al 2021 por más de 264 millones de pesos. Advirtió que el 49 por ciento de las compras que realizó dicha Secretaría se realizaron de manera directa, sin licitación. El subsecretario de Administración, Víctor Manuel Torrero, reveló que el Gobierno estatal anterior contrató empresas o despachos para “borrar” irregularidades. Sin decir montos ni nombres de compañías, con el argumento de que podría impactar la efectividad de las denuncias, el funcionario estatal también responsabilizó a la Auditoría Superior de la Federación por no investigar a fondo. “Se contrataron despachos o empresas cuya función era ayudarles a borrar las observaciones de auditorías que en su momento detectaron hallazgos y que no llegaron a una etapa mayor de sustentación o a acreditar responsabilidad porque a través de este esquema dicho despacho les permitía que la ASF eliminara estos hallazgos u observaciones. “De no haberse hecho este esquema y si la Auditoría hubiera profundizado en sus procedimientos, seguramente, desde mucho antes se hubiera podido ayudar en corregir este desastre financiero”, criticó. Incluso, dijo, varias empresas están ligadas a funcionarios de la ASF, que en algunos casos han sido despedidos. También recriminó que la Contraloría interna no haya hecho nada al respecto. La Gobernadora informó que poco a poco se están detectando más anomalías de todo tipo, las cuales se darán a conocer. Por ejemplo, dijo, en el 2018 se presupuestó un millón de pesos para asesorías, pero ese montó subió a 20 millones para contratar despachos para diversos proyectos o investigaciones, por lo que se está evaluando si hay anomalías. “Recibimos un gobierno estatal con 11 mil millones de pesos de deuda, entre la deuda a largo plazo, los pasivos, proveedores, a IMSS, ISR, a la nómina. “De parte del gobierno del estado no habrá impunidad. Queremos justicia, no venganza, no vamos a inventar, no haremos cacería de brujas”, apuntó.