Reprueba México en acciones contra cambio climático

No existe más alternativa que reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, advierten expertos.

Por: Agencia Reforma 

Ciudad de México.- Frente al calentamiento global, que se acelera más de lo previsto, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierte que no existe más alternativa que reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

“A no ser que hagamos reducciones más drásticas en términos de reducción de gases de efecto invernadero, va a ser cada vez más difícil limitar el incremento de la temperatura más allá de 1.5 o 2 grados”, refrenda Fernando Aragón Durand, autor principal en dos reportes comisionados por la ONU.

El investigador y consultor recuerda que cuando México signó el Acuerdo de París en 2015, dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, se comprometió a reducir el 22 por ciento de sus emisiones para 2030.

“Eso es reducir un montón de toneladas de dióxido de carbono y de óxido nitroso, etcétera”, ilustra.

Si ya entonces los especialistas cuestionaban si el País tenía la capacidad para asumir tales compromisos con fechas muy precisas, y posteriormente indicadores como Climate Action Track apuntaban a que sería muy difícil que lo lograra, la expectativa al día de hoy no es para nada optimista.

En especial por la conocida y criticada política de petrolización, uso de carbón y planes de refinación por los que ha apostado el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su gestión.

“Efectivamente, apostar a una política de desarrollo energético basada en combustibles fósiles es ir en sentido contrario de los compromisos. No se necesita saber ciencia de cohetes, es casi, casi de sentido común darnos cuenta de ello: a más quema de combustibles fósiles, más liberación de gases de efecto invernadero.

“Es ir en sentido contrario, en contra de todo lo que se ha comprometido México. Pero además estamos perdiendo tiempo, estamos destinando recursos mal; debemos de diversificar la matriz energética, apostar por energías limpias, renovables, que se esperaría que ese fuera el centro de la política energética en México”, comenta Aragón Durand.

La bióloga Julia Carabias, quien señala que o el compromiso de reducir estas emisiones se toma con seriedad o no se cumplirán las metas proyectadas, recalca que no es que se deba cumplir ante alguien en particular, sino que es una cuestión de responsabilidad ética y por un medio ambiente sano, el cual es un derecho constitucional.

“Lo que no vale es que unos países digan ‘le entramos’, y otros países digan ‘nos seguimos con los (combustibles) fósiles’. ¿Por qué nosotros nos seguimos con los fósiles y otros sí hacen cambios?”, reclama, poniendo como ejemplo esfuerzos importantes no sólo por parte de potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, sino de Chile y otras regiones de Sudamérica.

“No puede ser que nosotros nos estemos escudando en que como tenemos hidrocarburos y queremos ser autosuficientes en gasolina, pues retrasamos nuestra aportación. Eso no es correcto”, sostiene. “Siento que no estamos cumpliendo ni con las leyes mexicanas; existe la Ley General de Cambio Climático, que está diciendo claramente metas, y esas metas las vamos a violar”.

En los artículos transitorios de esta ley se establece, por ejemplo, que el compromiso de México de reducir 22 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero y 51 por ciento de las de carbono negro para 2030 “implica alcanzar un máximo de las emisiones nacionales al año 2026; y desacoplar las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico, la intensidad de emisiones por unidad de producto interno bruto se reducirá en alrededor de 40 por ciento entre 2013 y 2030”.

Asimismo, que para 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, debían tener constituido un sistema de incentivos que promueva y permita hacer rentable la generación de electricidad a través de energías renovables, como la eólica, la solar y la minihidráulica por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

“Y la Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía promoverán que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance por lo menos 35 por ciento para el año 2024″, se lee en el inciso d) del Artículo transitorio tercero.

Dicha legislación, expedida hacia el final de la Administración de Felipe Calderón, también plantea medidas importantes en la materia, como detener la deforestación, refiriendo un cese paulatino hasta llegar a deforestación cero para el 2030.

Pero esto será imposible de conseguir en los siguientes nueve años si no se asignan los recursos económicos suficientes, considera Carabias.

Aunado a esto, prosigue, uno de los programas esenciales era el del pago por servicios ambientales, donde se apoyaba económicamente a campesinos para el resguardo de sus bosques y selvas, pero se les ha dejado de otorgar el recurso.

“Van a tener que hacer una transformación de cambio de uso de suelo, deforestar, porque ese es su patrimonio, pero no lo pueden conservar si no se les está apoyando para conservarlo”, lamenta.

A decir de la bióloga, si el Gobierno no está a la altura de la respuesta necesaria de esta emergencia climática -“yo no he escuchado al Presidente de la República hablar de la emergencia climática”, expone-, entonces la sociedad y la ciencia lo tienen que estar, a pesar de los obstáculos por la falta de financiamiento y eliminación de instrumentos.

“Hay experiencias exitosas en comunidades indígenas y en diferentes regiones de México que están haciendo esfuerzos por cuidar sus suelos, sus bosques, ver el uso inteligente del agua, y también está esta movilización de jóvenes, de mujeres, que están empujando a consumir diferente, reducir consumos que realmente es desperdicio”, celebra Ana Cecilia Conde.

¿Al filo del desastre?

Si el mensaje concluyente de la ciencia en cuanto al cambio climático es que los eventos extremos aumentarán sin precedentes tanto en su magnitud, frecuencia, ubicación o momento del año, la atención obligadamente debe estar en el tema de la gestión y prevención de riesgos.

“Ese es el gran mensaje que está tratando de mandar este reporte a todo el mundo: que tenemos que acelerar el manejo de riesgo”, opina la doctora en ciencias de la Tierra Ana Cecilia Conde.

“Necesitamos fortalecer nuestros servicios climáticos, empezando por el Servicio Meteorológico Nacional, así como nuestras alertas tempranas y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Necesitamos empezar a prevenir para poder manejar este riesgo y poder plantear acciones a tiempo”.

Fernando Aragón Durand, doctor en planeación del desarrollo, explica que de manera cotidiana y paulatina se construye la vulnerabilidad de las poblaciones frente a este tipo de fenómenos, siendo algo que no tiene sólo que ver con la climatología, sino con la falta de capacidades para responder y los pocos recursos con que se suele contar.

“Lo estamos viendo ahora en Veracruz con estas inundaciones derivadas del embate del huracán Grace -disgrace, yo diría-.

“Esa gente que ya era vulnerable, si hacemos ahora un análisis de vulnerabilidad actual y de aquí a cinco años, vamos a ver que no nada más se intensificó la vulnerabilidad, se amplió, y aquellos que no lo eran seguramente ahora sí lo son como resultado del impacto. Y van a ser vulnerables para futuros eventos”, detalla el investigador.

El problema, sostiene, es que no es una preocupación central de los Gobiernos y de la sociedad el tratar de ver cómo son o cómo se construye la vulnerabilidad ante estos fenómenos extremos.

La situación es aún más complicada en un momento en que ha sido eliminado un instrumento como era el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuya operación el propio Aragón Durand tuvo oportunidad de evaluar para El Colegio de México, concluyendo que si bien tenía algunos problemas, era mucho más ventajoso contar con él a no hacerlo, pues contribuía a la restauración de condiciones mínimas de las poblaciones vulnerables.

“(Ahora) el Estado se retrae, y sigue entendiendo al desastre de origen hidrometeorológico como algo que va a ocurrir, como una emergencia, cuando en realidad se pueden hacer muchas cosas para reducir el riesgo y prevenir”, apunta el profesor del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM.

“En tanto ya no hay eso (el Fonden), va a ser más difícil que las poblaciones impactadas, por ejemplo ahora con el huracán Grace, se puedan recuperar a un nivel de supervivencia mínima, para después empezar a construir capacidades, tener más recursos y poder responder frente a futuros embates. Imagínate que ocurra otro igual el próximo año”.

De forma que, remarca el especialista, la protección civil y la prevención de desastres tienen que ver con la gobernanza del territorio del País, y supone muchas otras acciones previas a la emergencia vinculadas más a la reducción de la pobreza y de la vulnerabilidad.

“Y eso debe ser una tarea intersectorial. ¿Quién debería estar a cargo de la gestión de riesgo y desastre? Pues claramente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero la Sedatu no está haciendo nada”, lamenta Aragón Durand.

“El tiempo para poder responder y responder bien, para crear capacidades de adaptación, cada vez es más corto porque cada vez hay más riesgo residual. Es decir, se va acumulando el riesgo y además se va transfiriendo a otras regiones. Esto es resultado de esta visión cortoplacista, obtusa, que se tiene, sobre todo desde el Gobierno nacional, de que los desastres solamente se atienden cuando ya impactaron”.

La propia Ley General de Cambio Climático, en su Artículo 7, enlista entre las atribuciones de la Federación “elaborar y proponer las previsiones presupuestales para la adaptación y mitigación con el fin de reducir la vulnerabilidad del País ante los efectos adversos del cambio climático”.

A decir de la bióloga Julia Carabias, el Fonden es sólo uno entre la batería de instrumentos que tenía el País en esta materia y que se han comenzado a desdibujar.

Y aunque afirma sentirse preocupada por su desaparición, la científica se dice más consternada todavía por la falta del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2020-2024, aprobado apenas en agosto del año pasado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), pero jamás publicado.

“Vamos a mitad de la Administración y no lo hemos visto”, condena Carabias.

“Ahí es donde se colocan las metas, los compromisos de cada uno de los sectores; viene acompañado del objetivo meta y recurso económico, y nada de esto ha ocurrido”, agrega sobre el Programa, del cual el Gobierno sólo informó que incluía 171 acciones puntuales comprometidas por 14 Secretarías y 14 organismos públicos.

Finalmente, Carabias refuerza la necesidad de adaptación ante los efectos de la crisis climática que ya están ocurriendo, y sobre todo la importancia de continuar desarrollando ciencia para interpretar.

“Para adaptarnos tenemos que prepararnos, tenemos que medir, tenemos que tener estaciones meteorológicas por todos lados. Tenemos que tener la infraestructura necesaria, la educación necesaria, el material que se requiere para cada una de las distintas situaciones.

Estamos hablando de que si hay sitios muy propensos a la inundación, pues tienen que estar las casas adaptadas a niveles más altos. Si estamos hablando de puentes o de presas, pues hay que reforzar. Es una inversión también a la adaptación, porque es un hecho que nada de esto va a desaparecer por más voluntad que quisiéramos. Y cuando además no hay voluntad para enfrentarlo, está muy, muy complicado”, concluye.