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México permitió venta de ‘armas’ a Colombia violando tratado internacional

Vehículos blindados usados en Colombia para reprimir no se reportaron ante la ONU ni ante al convenio de comercio de armamento

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Vehí­culos blindados usados en Colombia para reprimir no se reportaron ante la ONU ni ante al convenio de comercio de armamento

Por: El Universal

Ciudad de México.- En una violación al Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), el Gobierno mexicano permitió en 2018 y 2019 la exportación de unidades blindadas que utilizó la Policí­a de Cali, Colombia, durante las violentas protestas que dejaron decenas de heridos y muertos y que azotaron a esa nación sudamericana en abril y mayo últimos.

En 2018, la empresa colombiana 7M Group vendió a la Policí­a Nacional (PN) de Colombia, dependiente del Ministerio de Defensa, cinco unidades por un total de 1.88 millones de dólares, según cifras reportadas por el Gobierno de la nación sudamericana al sistema de estadí­sticas comerciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al aí±o siguiente, la operación consistió en seis vehí­culos por 1.4 millones de dólares. La empresa colombiana 7M Group S.A. vendió las cinco tanquetas lanza-agua marca International, a combustión a diésel y en color negro, bajo la modalidad del acuerdo marco de precios para la adquisición de vehí­culos, según la orden de compra 26444 del 12 de marzo de 2018, consultada por El Universal.

La PN justificó la operación por requerir la adquisición “para garantizar la vida del personal uniformado que atiende casos de protesta social y orden público a nivel paí­s”. El 22 de noviembre de 2018, la Policí­a Nacional solicitó la modificación de orden de compra por retrasos para que las unidades salieran del puerto de Altamira, en Tamaulipas, con destino al puerto colombiano de Cartagena.

La institución recibió las unidades el 14 de diciembre de 2018 y exoneró a la empresa del pago del IVA de 19%, equivalente a unos 29 mil dólares, según el certificado de exención fiscal 0330 firmado por el general Jorge Hernando Nieto, entonces director General de la PN. La factura 1500008678, emitida el 31 de diciembre de 2018, consigna esa exención.

Centigon México S.A. de C.V., filial mexicana del Centigon Security Group —propiedad del conglomerado chino Dongfeng Design Institute Co Ltd.—, vendió los vehí­culos a 7M, que suministra servicios de consultorí­a, suministro de vehí­culos y representación de marcas y ofrece dos tipos de tanquetas para transporte de personal y otra lanza-agua. Centigon tiene una planta en Ciudad de México, otra en San Pedro, Nuevo León, y una más en Bogotá.

La segunda operación está reflejada en la orden de compra 46090-2020 del 13 de marzo de 2020, con prórrogas marcadas para el 30 de octubre y 31 de diciembre de ese mismo aí±o. La PN recibió los vehí­culos el 25 de diciembre último. Esos carros blindados clasifican en la categorí­a II de la ONU, pues están diseí±ados y equipados para transportar cuatro o más tripulantes, armados con un arma o un lanzamisiles.

La Secretarí­a de Relaciones Exteriores (SRE), organismo responsable de notificar la venta y compra de armamentos ante el TCA, no reportó esos enví­os ante la secretarí­a del tratado, al cual pertenece y que está vigente desde 2014, ni ante el Registro de Armas Convencionales de la ONU (UNROCA, en inglés). En sus informes 2018 y 2019, el Gobierno mexicano omitió la exportación de esos vehí­culos. Además, no hay evidencia de la emisión del certificado de usuario final, que evalúa el riesgo de que equipos y materiales contribuyan a potenciales violaciones a derechos humanos en el paí­s importador.

Regulación

• El TCA, que Colombia firmó y no ha ratificado, regula el comercio internacional de armas convencionales, desde armas pequeí±as hasta carros de combate, aeronaves y buques bélicos, y busca prevenir y erradicar el intercambio ilí­cito y el desví­o de armas convencionales mediante la aplicación de estándares de transferencias.

• México, que presentó su informe anual 2020 el 28 de mayo pasado, ha sido uno de los promotores más fuertes del tratado, debido al tráfico irregular de armas desde Estados Unidos a territorio azteca y que alimenta la violencia que azota al paí­s desde los aí±os 2000. Además, copreside el Grupo sobre Transparencia.

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