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La libran dueños y directivos de Famsa por fraude de 217 mdp

Un juez de Nuevo León determinó no vincular a proceso a dos de los dueños y dos directivos de Grupo Famsa.

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Un juez de Nuevo León determinó no vincular a proceso a dos de los dueí±os y dos directivos de Grupo Famsa.

Por Agencia Reforma

Monterrey, NL.- Un juez de Nuevo León determinó no vincular a proceso a dos de los dueí±os y dos directivos de Grupo Famsa por un supuesto fraude de 217 millones 445 mil 184 pesos, en agravio de 10 inversionistas.

El juez de control José Luis Pecina Alcalá resolvió que no hay elementos para procesar a Humberto Garza Valdez y su hijo Humberto Garza Garza, parte de la familia propietaria; Luis Gerardo Villarreal Rosales, director general de Grupo Famsa, y Jesús Eduardo Muguerza Garza, ex director general de Banco Ahorro Famsa.

De acuerdo con allegados al caso, el juzgador determinó que la Fiscalí­a de Nuevo León no presentó los datos mí­nimos para suponer que el delito fue cometido, ya que no acreditó el engaí±o, el dolo y el lucro indebido, requisitos para imputar un fraude.

El fallo fue emitido en una audiencia que inició ayer a las 15:00 horas y concluyó a las 22:20 horas, presidida por el juez Pecina desde el Palacio de Justicia de Monterrey, a través del sistema de videoconferencia.

El caso se originó por denuncia de los inversionistas Gloria Villarreal Lozano, Ví­ctor Manuel Escamilla González, Gloria Minerva Lozano Elizondo, Minerva Villarreal Lozano, Marí­a de Lourdes González Duque, Antonio Cantú Rodrí­guez, Patricia Villarreal Lozano, Rogelio Villarreal Garza, Marí­a del Carmen Arreola Samara y la empresa Villatour S.A. de C.V.

La Fiscalí­a sostuvo que los afectados invirtieron y reinvirtieron capitales en Famsa, siendo ví­ctimas de un engaí±o, pues los directivos del banco, a través de sus empleados, les hicieron creer que la institución financiera era solvente.

Lo anterior, porque desde el 12 de abril de 2019 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) notificó a Famsa las observaciones de una revisión que detectó malos manejos, lo que a su vez es una prueba de que los imputados tení­an pleno conocimiento de las irregularidades.

Según la Fiscalí­a, la Junta de Gobierno de la CNBV emplazó al banco el 25 de junio de 2020 por un procedimiento de revocación de licencia.

Finalmente, cinco dí­as después revocó la licencia, lo que trajo como consecuencia que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) lo interviniera e iniciara un proceso de liquidación.

Debido a que el IPAB sólo protege un ahorro máximo de 400 mil UDIs, que en ese momento equivalí­an a 2 millones 573 mil pesos, un total de 2 mil 454 ahorradores no pudieron recuperar su excedente, incluidos los 10 inversionistas denunciantes del caso en cuestión.

La Fiscalí­a seí±aló que este excedente que no pueden recuperar los afectados constituye un quebranto a su patrimonio, lo que se traduce como un “lucro indebido”.

En la audiencia de ayer, el juez Pecina echó por tierra los seí±alamientos e interpretaciones de la Fiscalí­a, de la cual dijo que invocó los datos de prueba en forma parcial.

El juzgador tomó en cuenta que en la notificación que hizo en abril del 2019, la CNBV indicó al banco no sólo probables irregularidades sino áreas de oportunidad para que pudiera seguir operando.

Lo que significa que las observaciones no impedí­an que Famsa siguiera captando inversión y tampoco permiten establecer con certeza que eso traerí­a como consecuencia la revocación de su licencia para operar.

La conclusión del juez es que no se acredita engaí±o alguno a los denunciantes, porque los querellantes invirtieron y reinvirtieron su capital precisamente cuando Famsa se encontraba operando de acuerdo al marco jurí­dico.

El juez le dio la razón a Felipe Gómez Mont, Humberto Venegas e Iker Ibarreche, defensores de los directivos de Grupo Famsa.

El 9 de julio el juez Pecina ordenó la aprehensión de los directivos y ayer estimó que no hay datos de prueba para iniciarles un proceso. La Fiscalí­a de Nuevo León ahora tiene la posibilidad de apelar el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

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