Las atribuciones conferidas al INE en materia de consultas populares se cubrirán con los presupuestos disponibles del ejercicio de 2019 y subsecuentes.
Por Grupo Zócalo
Ciudad de México.- Después de que el Instituto Nacional Electoral promoviera una controversia constitucional con la que buscaba ampliar su presupuesto para realizar la consulta popular sobre el juicio a expresidentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la declaró infundada.
La Primera Sala del máximo tribunal del país reconoció durante la sesión pública de este miércoles, la validez del Decreto por el que se expide la convocatoria para esta consulta ciudadana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019.
Como se recuerda, el INE impugnó dicho decreto con el argumento de que con su aprobación y expedición el Congreso de la Unión violó su autonomía constitucional y presupuestaria, además de que omitió proveer los recursos necesarios y suficientes para que el organismo electoral lleve a cabo la consulta contra los expresidentes.
La #PrimeraSala validó la constitucionalidad de los Decretos relativos a la consulta popular sobre las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los aí±os pasados por los actores políticos. ? https://t.co/GAIc1S0KEX pic.twitter.com/hKzQDkwHmZ
â Suprema Corte (@SCJN) June 9, 2021
Al respecto, la Primera Sala de la Corte determinó, a propuesta del ministro Jorge Pardo Rebolledo, que no existe ni constitucional ni legalmente una obligación dirigida al Congreso de la Unión para que, al emitir el decreto que contiene la convocatoria a la consulta popular, establezca o determine los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular.
La SCJN abundó durante la sesión de este miércoles que, conforme al artículo quinto transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución federal, en materia de consulta popular y revocación de mandato, las atribuciones conferidas al INE en materia de consultas populares se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio de 2019 y los subsecuentes.
âSe reconoce la validez del decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular, emitido por el Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de octubre de 2020. Así como el decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio del decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular, publicado en el DOF el 19 de noviembre de 2020â, subraya el proyecto de resolución del ministro Jorge Mario Pardo.
El Consejo General del INE aprobó el seis de abril pasado, el inicio de los trabajos de la consulta popular promovida por el Presidente López Obrador, a realizarse el uno de agosto con un costo de 1,500 millones de pesos, sin embargo, reclamó que no había recursos para ello.
De acuerdo con el plan de trabajo del INE se prevé la instalación de 104,667 casillas con 1,500 boletas para cada una, y la participación de 2,318 supervisores y 17,469 instructores asistentes.
Con información de La Razón.
