Llena de irregularidades y favoritismo la lista de la CFE: Carboneros

Los morenistas Guadiana y Tania Flores, con 5 adjudicaciones cada uno.

Ciudad de México.- Mineros de la Región Carbonífera afirmaron que el listado de empresas a las que a partir del 27 de julio la Comisión Federal de Electricidad adjudicará pedidos de carbón, “es lo mismo de siempre, una completa suma de simulaciones, irregularidades y prestanombres para favorecer a ciertos empresarios”. Denunciaron que incluso hay gente como el senador Armando Guadiana Tijerina, que si bien no aparece directamente como adjudicado y asegura en público que se mantuvo al margen, recibió invitación a través de cinco empresas “que todos en la región sabemos maneja por medio de familiares, está asociado o han dependido siempre de él a través de prestanombres”. Lo mismo sucede con la derrotada excandidata de Morena a la presidencia municipal de Múzquiz, Tania Flores Guerra, que encubre cinco contratos “de pequeña minería” bajo su hermano y otros familiares, según muestran los registros de propiedad. Señalaron además que el cálculo de costos que supuestamente realizó la empresa encabezada por Manuel Bartlett para fijar el precio del carbón “es de risa”, ya que no contempla el costo fiscal, los ambientales para remediación de impacto, tampoco la necesaria utilidad de los productores, ni las regalías que deben entregar quienes extraen de concesiones “prestadas” por otros.

“De ello se deduce que el cálculo de precio a pagar fue fijado prácticamente al azar o por voluntad de alguien, pero la explicación de soporte que entregan no guarda relación con la realidad y haría quebrar a todas las empresas, a menos que burlen al fisco, dejen un desastre ambiental o sean hermanitas de la caridad”, abundaron.

Los denunciantes, algunos de ellos considerados en la lista pero inconformes con el manejo de los pedidos, por razones obvias solicitaron guardar en reserva sus nombres e indicaron que, si bien la CFE y la Subsecretaría de Economía han ocultado con celo el listado, a través intercambio local de información lograron identificar medio centenar de las 75 empresas invitadas por el Gobierno Federal. En resumen, indican, 15 grupos familiares utilizando parientes y prestanombres registraron y recibirían contratos asignados a través de al menos 43 empresas, muchas de ellas con veto de la Secretaría del Trabajo por no cumplir la normatividad en seguridad, falsear la información o no registrar a los trabajadores en el IMSS, o haber sido responsables de accidentes y muertes de mineros. Asimismo, aseguraron que la mayoría no cuenta con Manifiesto de Impacto Ambiental aprobado por el SEMARNAT y otras “no tienen concesiones ni minas en condición de operar, por lo cual serán simples simuladoras para canalizar carbón de otros adjudicados”. En el caso específico de la familia Guadiana, en el listado recopilado por los inconformes figuran como empresas aprobadas para adjudicación Compañía Minera Zapalinamé, Minera Génesis, Operadora Industrial, Minera 2G, y Carbón Mexicano. Inicialmente incluyeron también la razón social Minera Río Álamos, la que fue rechazada. Todas esas mineras extraerían en lotes registrados por Minera Zapalinamé o Materiales Industrializados (MINSA), y otras dos “aprobadas”, Migaral y Coal del Norte, esperan sacar carbón en concesiones de las mismas dos empresas de los Guadiana. En cuanto a las cinco adjudicaciones para la excandidata morenista Tania Flores y su hermano Antonio, identificaron las empresas Minera Don Chilo, Minera Flores de la Carbonífera, Coal de Sabinas, Minerales Amarani, y Consorcio Oasis Minería y Transporte. De igual modo, la familia Mendoza, liderada por Fernando Mendoza, que fuera dirigente de una de las uniones de carboneros, habría recibido beneplácito para 3 empresas: Fervím Ingeniería, Beneficios Carboníferos del Noreste y Distribuciones Industriales del Noreste. Recordaron que Fernando Mendoza fue acusado hace algunos años por haber realizado un tajo frente a la población de La Florida sin contar con la aprobación de un Manifiesto de Impacto Ambiental, explotación ilegal que causó múltiples problemas a la población y hoy se encuentra abandonada, sin ningún tipo de remediación como exige la ley.