Exalcalde presenció los secuestros en Allende

Según testimonios, la presencia del alcalde durante uno de los secuestros sucedió porque el "levantón" se llevó a cabo justo enfrente de su casa.

Por: Néstor González

Saltillo, Coahuila.- Sergio Alonso Lozano Rodrí­guez, exalcalde de Allende, Coahuila, presenció personalmente la privación ilegal de la libertad de tres personas de la familia Garza, quienes posteriormente fueron ejecutadas por integrantes del cártel de Los Zetas.

De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Procuradurí­a General de Justicia del Estado, Lozano Rodrí­guez y otro funcionario de ese entonces se habrí­an reunido con gente de este grupo delictivo, quienes lo enteraron de que iban a cometer actos en contra de dicha familia, y ahí­ acordaron que la autoridad local no intervendrí­a para impedirlo.

Una fuente del Poder Judicial relató a Zócalo que de acuerdo con testimonios recabados por las autoridades, el 20 de marzo de 2011, cerca de las 20:00 horas, un grupo de ocho personas que portaba armas largas, se presentó en la vivienda ubicada en la calle Morelos 305 esquina con Cuauhtémoc, en la Zona Centro de ese poblado, de donde sacaron al matrimonio conformado por Ví­ctor Manuel Garza Garza y Alma Patricia Pérez Iruega, además de su hijo, Julio César Garza Pérez.

Estos hechos fueron presenciados por el entonces alcalde, quien vive enfrente de dicha vivienda, que los agresores destruyeron posteriormente con maquinaria pesada.

Mataron a matrimonio, luego lo cocinaron

Luego de ser sacados de su domicilio, los tres miembros de la familia fueron llevados por el grupo de sicarios al rancho Los Garza, ubicado en la carretera Allende-Villa Unión, donde según declaratorias de quienes participaron en los hechos, fueron introducidos en una bodega, asesinados de un balazo en la cabeza y posteriormente incinerados dentro de la propia bodega, hechos en los que también habrí­an participado elementos y vehí­culos de la Policí­a Municipal de Allende.

ACUERDO

De la privación ilegal de la libertad de estas personas fue testigo el entonces alcalde Sergio Lozano Rodrí­guez, quien se habrí­a reunido con este grupo delictivo donde lo enteraron de lo que iban a hacer y acordaron la no intervención de la autoridad para impedirlo.

La Procuradurí­a del Estado seí±ala que por estos hechos se configura el delito de secuestro agravado, ya que como servidor público, Lozano Rodrí­guez tení­a el deber jurí­dico de actuar, sin embargo se mantuvo como espectador de estos hechos, de los que ya tení­a conocimiento previo.

De acuerdo con una fuente judicial, testimonios de quienes participaron en estos hechos el 20 de marzo de 2011, seí±alan que Ví­ctor Manuel Garza Garza, su esposa Alma Patricia Pérez Iruegas y el hijo de ambos, Julio César Garza Pérez, fueron sacados de su domicilio, ubicado exactamente frente a la casa de Lozano Rodrí­guez, para posteriormente ser asesinados.

Entre los testimonios está el de una persona perteneciente a los cuerpos de rescate, quien seí±aló que se les reportó un incendio en el rancho Los Garza.

Al acudir, observaron patrullas de la Policí­a Municipal y a varios desconocidos, quienes les ordenaron retirarse si no querí­an que les sucediera lo mismo a ellos.

Dentro de las indagatorias también existen testimonios que relatan la desaparición de Ví­ctor Manuel Garza Pérez y Patricia Alejandra Garza Pérez, también hijos del matrimonio de Ví­ctor Manuel y Alma Patricia, de quienes hasta la fecha se desconoce su paradero.

Amparan ‘tarde’ por la matanza

El Juzgado Tercero de Distrito otorgó una suspensión de amparo al exalcalde de Allende, Sergio Alonso Lozano Rodrí­guez, por el motivo de privación de la libertad, donde se reclama la ilegal detención por parte de las autoridades que llevan el caso de la desaparición de los habitantes de esa población.

El amparo 774/2016 fue promovido al momento de su arresto y ayer por la maí±ana la página oficial del Tribunal Superior de Justicia dio cuenta sobre la resolución que se dictó al otorgarse dicho amparo.

Dentro de las pruebas que se ofrecerán por parte de la defensa de Lozano Rodrí­guez, trascendió de una fuente cercana, se encuentran las ampliaciones de declaraciones de la gente que lo imputa como ser el responsable de la masacre de Allende.

Además de los documentos de la sesión extraordinaria de Cabildo a la que él convocó para suspender los festejos del dí­a 21 de marzo ante la tragedia ocurrida en esa población durante los dí­as previos.

La fuente confirmó que aunado a los oficios donde se le da aviso a los gobiernos estatales y federales en Saltillo y México respectivamente sobre la masacre acontecida en marzo del 2011.

Este es uno de los puntos por los cuales el exalcalde intenta demostrar como medio de prueba después de que está siendo acusado del delito de secuestro agravado por la matanza.

‘Si él es culpable, que se le castigue’

Sobre la detención de Sergio Lozano, exalcalde panista en Allende, Esther Quintana Salinas, exdiputada federal del blanquiazul, pidió que en el caso se aplique la ley.

“Si hay responsabilidades, que se aplique la ley, nada más, eso es lo que va a hacer la diferencia y lo que va a sacar a Coahuila del atolladero en que estamos.

“Nosotros confiamos en que se aplique la ley. Si el seí±or tiene alguna responsabilidad se le va a tener que sancionar y si no, le van a tener que pedir hasta disculpas… aquí­ no es asunto de colores ni de ideologí­as, es asunto de hechos”.

A Lozano Rodrí­guez lo apresaron este jueves por el cargo de secuestro masivo e inmovilizar a la Policí­a Municipal, a fin de permitir que un grupo delictivo secuestrara y desapareciera a ciudadanos.

“Significa que tenemos muchas cosas que recomponer en este estado. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en este estado y tiene que cambiar si llegamos a la alternancia”, y aí±adió que se vive en un estado de derecho.

Pide Obispo ir al fondo en el caso de muertes

En la investigación de la masacre de Allende y de las que sucedieron en la Región Cinco Manantiales y en todo Coahuila, se debe ir al fondo, sin crear chivos expiatorios, para que salga a relucir la verdad y no se cometan injusticias, afirmó el obispo Alonso Gerardo Garza Trevií±o.

Tras felicitar por la actuación y el proceso que llevan las autoridades de la Procuradurí­a por este caso, dijo que se deben tomar tres puntos importantes en consideración en relación a estos lamentables hechos ocurridos en 2011.

“El primero es que no podemos juzgar con las condiciones actuales las condiciones de aquellos tiempos. Me refiero a la libertad que existe hoy para expresar cualquier situación que sucede a aquellos tiempos en los que no habí­a ni siquiera la posibilidad de comentar públicamente lo que sucedí­a”.

‘La culpa es de Calderón’

De nueva cuenta el exgobernador Humberto Moreira salió en su defensa para aclarar que la mayor ola de violencia en Coahuila no sólo ocurrió cuando él era Gobernador, sino que fue una situación generalizada en el paí­s durante la presidencia de Felipe Calderón.

Esto luego de que Acción Nacional seí±alara que “dentro del sexenio del gobernador priista, Humberto Moreira, hermano del actual Mandatario, Coahuila sufrió la mayor ola de violencia y crimen de su historia y según investigaciones en EU, fue con la protección y complicidad de funcionarios del Gobierno del Estado y de algunos municipios”.

La realidad, afirma Humberto Moreira en un comunicado, es que “no fue en una Administración estatal donde se presentó una mayor violencia, fue en todo el paí­s a consecuencia de la guerra declarada en 2006 por el expresidente Calderón al crimen organizado”. Reiteró que desde el 1 de enero de 2011 él ya no era Mandatario.