Gabriel Deantes Ramos fue secretario del Trabajo de Veracruz. El tribunal federal rechazó el bloqueo mandado por Inteligencia Financiera y señaló que debe ser un juez quien lo decida.
Por: Agencia Reforma
Ciudad de México.- Un tribunal federal ordenó levantar el aseguramiento a las cuentas bancarias de Gabriel Deantes Ramos, secretario del Trabajo de Veracruz en el Gobierno de Javier Duarte, y dejar en manos de un juez la decisión de mantener o no dicha medida precautoria.
El Cuarto Tribunal Colegiado Penal en esta capital concedió un amparo al ex funcionario, así como a Laura Guadalupe Saldaña Ruiz y Felipa Ramírez Ramírez, para que sea una autoridad judicial la que en todo caso autorice el aseguramiento.
"(Se deja) insubsistente el acuerdo de 27 de abril de 2018, dictado en la carpeta de investigación, relativo a diversos instrumentos financieros; y, como consecuencia de ello, realice las gestiones necesarias ante las autoridades competentes, a fin de que quede sin efectos el aseguramiento precautorio ahí decretado", señala el acuerdo consultado.
"En caso de considerar que resulta necesario el aseguramiento de los instrumentos financieros de los aquí quejosos, (se ordena que la Fiscalía) se allegue de toda la información necesaria, que justifique de manera fehaciente la necesidad de la medida y realice la petición respectiva al juez de control en turno".
La Fiscalía General de la República (FGR) no es la única autoridad que en su momento intervino las cuentas del también exoficial Mayor de la Secretaría de Educación y exsubsecretario de Administración y Finanzas de Veracruz.
En marzo de 2018, un mes antes del aseguramiento de la entonces PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de Deantes.
Y el 31 de julio del mismo año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le aseguró dos cuentas para cobrarle un crédito fiscal por 23.4 millones de pesos, aunque en ese momento su saldo ya era de sólo 305 mil pesos.
Deantes fue procesado en 2016 por un enriquecimiento ilícito de 50 millones de pesos.