El líder del cártel de Sinaloa tiene el derecho humano a ser procesado y permanecer en prisión preventiva en territorio nacional.
Por AgenciasÂ
El Diario de Juárez / Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe resolver los amparos de Joaquín âEl Chapoâ Guzmán Loera contra su entrega a Estados Unidos para aclarar el alcance de los tratados internacionales en materia de extradición y determinar si debe ser juzgado en México, según su defensa.
Los delitos que se le imputan fueron cometidos en el país, por lo que el llamado líder del cártel de Sinaloa tiene el derecho humano a ser procesado y permanecer en prisión preventiva en territorio nacional, como estipula el artículo 17 constitucional, de acuerdo con los litigantes.
âLa Corte fijó un criterio según el cual sólo ellos pueden realizar un ejercicio de convencionalidad entre la jurisprudencia mexicana con la Convención Americana de Derechos Humanos y la de la Corte Interamericanaâ, dijo el abogado José Refugio Rodríguez Núí±ez.
A raíz de una reforma de junio de 2011, todos los derechos humanos vigentes en los tratados están a nivel de la Constitución y, en el Tratado de Extradición, âse establecen una serie de requisitos que equivalen a las garantías judiciales del artículo octavo de la Convención Americanaâ, explicó.
Por lo tanto, los ministros están obligados a ejercer la facultad de atracción de la demanda y resolver si Guzmán Loera debe ser juzgado en México, indicó.
âNo hacerlo sería violar los principios de exhaustividad y congruencia que obligan a las autoridades de amparo a responder todos los motivos de inconformidad del quejosoâ, dijo.
Los recursos de revisión a la negativa de conceder la protección de la justicia federal contra dos autorizaciones de extradición fueron interpuestos el pasado martes 8 ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México.
âEl Chapoâ se encuentra recluido en el Cereso 9 de Ciudad Juárez desde el 7 de mayo pasado.
El 20 del mismo mes, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno federal autorizó los procedimientos de extradición 8/2015 y 3/2001 promovidos por la embajada de Estados Unidos para que comparezca ante cortes federales de San Diego, California, y de El Paso, Texas.
En ambos juzgados estadounidenses enfrenta cargos por los delitos de lavado de dinero, tráfico de drogas y homicidio.
