Investigarán hechos de corrupción de Nájera Davis.
Por Leopoldo Ramos
Saltillo, Coah.- El magistrado íscar Aarón Nájera Davis, integrante de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción por posibles delitos cometidos al presionar la renuncia de tres empleados del Poder Judicial. Los afectados también promovieron ante el Congreso estatal un juicio político con miras al desafuero del también integrante del Consejo de la Judicatura.
Las denuncias se presentaron este miércoles 30 de octubre por parte de Alberto Rodríguez Hernández, María del Refugio Pichardo Sockert y Juan Carlos Salazar García, que formaban parte del Centro de Justicia Penal de Piedras Negras y fueron despedidos, de acuerdo con una videograbación, luego de presiones del magistrado Nájera Davis.
Rodríguez era administrador del Juzgado Penal del Sistema Acusatorio Penal de Piedras Negras; Pichardo, jefa de la Unidad de Audiencias, y Salazar, titular de la Unidad de Causa, y tenían entre cinco y 20 aí±os de antigí¼edad.
La denuncia penal la recibió la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Jesús Homero Flores Mier, a las 15:04 horas de ayer, y la demanda de juicio político para desafuero en contra de Nájera Davis, llegó una hora antes a la Oficialía de Partes del Congreso estatal.
Nájera Davis está acusado de intentar presionar la renuncia de tres empleados del Poder Judicial, quienes interpusieron también un recurso en el Congreso local que podría terminar en el desafuero.
âEn este acto, promovemos demanda de juicio político en contra de íscar Aarón Nájera Davis en su carácter de magistrado de la Sala Colegiada Penal del TSJE de Coahuila de Zaragozaâ, seí±ala el documento que se encuentra en el Poder Legislativo.
La demanda de juicio político con miras al desafuero también es en contra de Raúl Flores Villanueva y Karina Martínez Jiménez, jueces en el Centro de Justicia Penal de Piedras Negras que, junto a Nájera Davis, habrían protagonizado el complot para conseguir el despido injustificado de los empleados.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura del Estado se deslindó de investigar el complot.
