Aseguran desacató una orden judicial para trasladar a un reo del penal federal de Oaxaca a uno estatal en Mazatlán.
Por Agencia Reforma
Ciudad de México.- Un juez federal multó con 8 mil 449 pesos al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por desacatar una orden judicial para trasladar a un reo del penal federal de Oaxaca a uno estatal en Mazatlán, Sinaloa.
Amado Chií±as Fuentes, Juez Tercero de Distrito en Oaxaca, impuso la medida de apremio porque estimó que en su calidad de superior jerárquico incumplió con el deber de instruir a sus subordinados el retorno de Jesús Adán Pérez García a la prisión sinaloense.
Durazo presentó un amparo contra la multa, sin embargo, Pedro Aguilar Valencia, encargado de despacho del Juzgado Octavo de Distrito en esa materia en la Ciudad de México, desechó la demanda de garantías.
"Si el justiciable estima que le irroga perjuicio la determinación por la cual el juez homóloga le impuso una multa dentro del juicio de amparo, debe combatirla a través de los medios legales que prevé la propia Ley de Amparo y no así, por medio del juicio de amparo, que como se expuso es notoriamente improcedente", determinó Aguilar.
Inconforme con esta decisión, el titular de la SSPC presentó un recurso de queja con el objeto de que un tribunal colegiado penal obligue a admitir su amparo. De momento, este recurso no ha sido resuelto.
El 14 de junio de 2017, el írgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) trasladó a Jesús Adán Pérez García del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en Mazatlán, al Centro Federal de Readaptación Social número 13, de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Pérez presentó su amparo contra el traslado el 13 de diciembre de ese aí±o y lo ganó en primera instancia el 11 de mayo de 2018.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo, pero el 26 de noviembre del aí±o pasado fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
El argumento de los órganos jurisdiccionales es que las entidades del Gobierno federal no tienen facultades para ordenar y ejecutar los traslados, pues las autoridades con atribuciones para ello son las judiciales.
Desde entonces a la fecha, el juez Chií±as hizo requerimientos al OADPRS para que cumpliera con la orden judicial. El 4 de enero pasado envió un oficio y el 23 de mayo apercibió a Durazo para que cumpliera con la sentencia o le impondría la multa.
El 2 de julio pasado, Chií±as hizo efectiva la multa y ahora el Secretario está a la espera de que un tribunal colegiado ordene admitir el amparo que le desecharon.
