IMSS denuncia a Bours por caso de Guardería ABC

Sonora.- Diez aí±os después de los hechos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó una denuncia penal contra el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours por el siniestro de la Guarderí­a ABC en el que fallecieron 49 menores y más de un centenar de hijos de obreros resultaron lesionados, “Como gobernador de Sonora y como responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil, Eduardo Bours habrí­a tenido el deber de implementar acciones para la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de riesgos en materia de protección civil”, establece la denuncia interpuesta por el organismo el pasado 22 de mayo ante la Fiscalí­a General de la República (FGR), a la cual se le solicita que dé inicio a la carpeta de investigación y se practiquen las diligencias necesarias para su debida integración. La querella fue presentada por el apoderado legal del IMSS, Francisco Morales Oviedo, el mismo dí­a en que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció al ex subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, como nuevo titular del organismo, en sustitución de Germán Martí­nez. En el apartado de “Antecedentes” de la denuncia se menciona que “la guarderí­a se encontraba financiada por el IMSS y era administrada por los particulares Gildardo Francisco Urquides Serrano, ex tesorero estatal del PRI; Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala, y Sandra Lucí­a Téllez Nieves, esposa del subsecretario de Ganaderí­a de Bours. “Conducta omisa” En la sección “Hechos” del documento se seí±ala que “el deber jurí­dico de Bours, como gobernador, radicaba en la vigilancia y protección del correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil, de manera concreta que los prestadores del servicio de guarderí­a cumplieran con los estándares mí­nimos previstos en Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales, aspecto que podrí­a haberse dejado de lado, en consecuencia su conducta omisa generó peligro para los bienes jurí­dicos titulados: la vida y salud de un grupo de especial vulnerabilidad: nií±os y nií±as”. Para el IMSS, el ex mandatario estatal pudiera resultar responsable, de acuerdo a lo establecido en el artí­culo 17 de la Ley General de Protección Civil, la cual seí±ala que las autoridades tienen dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil. “Deberí­a haberse verificado —dice la querella— conforme a la legislación estatal aplicable, que el inmueble donde se encontraba la guarderí­a fuera viable y seguro para la prestación de dicho servicio pues, en caso contrario, no se hubiese habilitado una bodega para tal efecto y más aún, en un inmueble ubicado en una zona que podí­a considerarse peligrosa, en tanto que de un lado compartí­a muro con una bodega que almacenaba papel, la parte trasera era colindante con una llantera, y a 43 metros de distancia habí­a una gasolinera en servicio. “Esa sola circunstancia actualizaba un riesgo latente y evidente de que la prestación de servicio no cumplí­a con las condiciones mí­nimas de seguridad, así­ como de protección civil, en consecuencia el riesgo existente en la guarderí­a se fue elevando de manera paulatina, resultando de una cadena concomitante de errores en el tiempo hasta que se presentaron los hechos que nos ocupan”. Investigación La Fiscalí­a General de la República advirtió a los padres de los 49 nií±os de la Guarderí­a ABC que desechará la hipótesis de un posible “incendio intencional” por falta de evidencias y pidió a los familiares aportar pruebas de que la conflagración en la que murieron los bebés y otros 109 resultaron heridos fue, en efecto, causada. En caso contrario, se cerrará esa parte de la investigación, revela un oficio obtenido por Milenio. El documento firmado por Martha Patricia Muí±oz Sierra, agente del MP de la Federación adscrita a la dirección general de Averiguaciones Previas de la fiscalí­a, notifica a los abogados y padres de familia su determinación de “consultar el no ejercicio de la acción penal”, y que se contrapone con las declaraciones vertidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 12 de abril, cuando prometió “acelerar” la resolución del caso, el cual “pudo ser detenido por influyentismo”. La averiguación previa que la FGR proyecta desestimar, AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/19A/2013, fue abierta en abril de 2013. Gabriel Alvarado Serrano, representante legal de las familias afectadas, explicó que el expediente incluye un peritaje sobre la causalidad del siniestro, que inició en la bodega de la Secretarí­a de Hacienda de Sonora, y presenta diversos indicios que demostrarí­an que en el lugar se vertió un lí­quido acelerante de fuego. “El peritaje fue realizado por David Smith, especialista norteamericano, quien ha asesorado a la CIA y al FBI”, detalló. En el expediente también hay testimonios de quienes afirman haber visto a personas salir corriendo de la bodega antes del incendió y otras más que, incluso, podrí­an revelar la identidad de los autores intelectuales del siniestro.