Incumplen con Ley de Transporte y Movilidad Sustentable
Por: Ernesto AcostaÂ
Saltillo, Coah.-Â Empresas como Uber, Taxify, Cabfy y Priver Pink trabajan al margen de la Ley Estatal de Transporte y Movilidad Sustentable, pues, aunque están obligadas a registrarse y empadronarse ante el Gobierno del Estado y los municipios donde operan, no lo han hecho y circulan sin respetar la normatividad.
Las compaí±ías que ofrecen servicio de transporte de pasajeros con uso de plataforma digital trabajan al margen de la ley y representan riesgo para la ciudadanía, aseguró el diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza.
Propuso adiciones al Código Penal para imponer castigos de 2 a 7 aí±os de prisión y multa de 880 a mil 230 salarios mínimos para quienes posean, conduzcan o presten servicio de transporte entre particulares sin concesión, permiso o autorización del Gobierno del Estado.
Las mismas penas se impondrán al propietario del medio de transporte, que realice, contrate o permita la prestación de dicho servicio.
Si el delito fuera cometido o interviniera en cualquier forma el representante, socio o líder de una empresa de redes de transporte o una empresa relacionada, filial o subsidiaria de la misma, las penas se aumentarán de una a dos terceras partes de las que le correspondan por el delito cometido.
Además, se impondrá la suspensión de los derechos para prestar el servicio entre particulares que se le haya otorgado por la autoridad estatal.
También, quien conduzca un vehículo que preste servicio entre particulares con una sola placa, deberá acreditar que el número de la misma coincide con el del engomado correspondiente. Si no coinciden, no cuenta con el engomado o circula sin ambas placas, se aplicará prisión y multa.
Sánchez Garza sostuvo que ese tipo de servicio no brinda seguridad alguna y las usuarias corren riesgo de agresión, por eso países como Espaí±a, Italia y Francia lo prohibieron.
En México, en estados como Quintana Roo, Ciudad de México, Chihuahua, Baja California y Durango, se presentaron iniciativas de reforma al Código Penal para sancionar a quienes prestan ese servicio al margen de la ley.