Les quitan 500 dólares, como mínimo, para no detenerlos
Por: Ernesto Acosta
Policías de corporaciones estatales extorsionan a estadunidenses que visitan Acuí±a, a quienes les exigen 500 dólares, como mínimo, para evitar su detención, denunció el diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, al indicar que eso desalienta el turismo y provoca pérdidas económicas al municipio.
Durante el 2018, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila reportó mil 295 quejas o investigaciones de oficio contra la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Seguridad y policías municipales. Las dos primeras instancias sumaron 904 expedientes.
Las acusaciones van desde detenciones arbitrarias, allanamientos de morada, ejercicio indebido de la función, tortura, intimidaciones, robos y lesiones.
En el municipio fronterizo los afectados se quejan por la forma en que realizan los operativos de seguridad los elementos de Fuerza Coahuila, de la Policía Investigadora y Ministerio Público.
âEn los puntos de revisión algunas ocasiones utilizan vehículos sin balizamiento, es decir, sin identificación de la corporación de la cual forman parte, los elementos portan vestimenta en la que no son visibles las insignias de la corporación a la cual pertenecen, armados y con el rostro cubierto por pasamontaí±as tácticoâ.
âNo hay presencia de algún médico legista o un dispositivo de medición de ingesta de bebidas embriagantes en los filtros antialcohol, lo que genera gran desconfianza sobre la legalidad de dichos operativos, con ausencia de registro de las detenciones realizadas y la falta de recibo fiscal cuando el ciudadano es detenido y paga multaâ.
En Acuí±a los policías detienen a ciudadanos de EU y los obligan a abordar las patrullas con amenazas y golpes y los trasladan a lugares que no son instalaciones policiales, donde les exigen un pago mínimo de 500 dólares para dejarlos en libertad.
No hay registro oficial del pago y las víctimas no denuncian por temor, problema que desalienta el turismo y afecta la derrama económica en los sectores de comercio y servicios, cuyos representantes han expresado su descontento ante la Fiscalía General y Seguridad Pública del Estado.
