Principalmente son de Coahuila, Nayarit y otros estados del norte.
Por Ernesto Acosta
Saltillo, Coah.- Alrededor de 400 mil trabajadores del Infonavit han sido despojados de sus viviendas, incluidas familias de Coahuila, mediante procesos amafiados entre funcionarios del Infonavit, despachos externos, jueces y actuarios.
Evaristo Lenin Pérez Rivera, diputado federal, denunció que el Infonavit desde hace varios aí±os perdió su sentido social y se comporta como una institución privada que además entrega casas de pésima calidad.
âDesde el 2013 se viene cometiendo un fraude a través de despachos, de jueces y funcionarios de Infonavit, que principalmente se perpetró en el Nayarit y en Coahuila, pero están perjudicados muchos estados, principalmente del norte: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, y Jalisco y Guanajuato.
âEl fraude consiste en que con aquellos acreditados de Infonavit que tenían retraso en sus pagos, sin notificación alguna, se llevaron a cabo procedimientos judiciales fast track, muy rápidos, con una red de corrupción del Poder Judicial, principalmente en estos estados, donde han sido despojados alrededor de 400 mil trabajadores, que sin juicio fueron despojados de su viviendaâ.
Afirmó que el problema es grave porque mediante trampas se afectó el patrimonio de cientos de miles de trabajadores, y es una bomba social que puede estallar en cualquier momento.
âSin las garantías que la Constitución les otorga, fueron convocados a un proceso judicial neutral. Por eso estamos denunciando; ya hay funcionarios vinculados a proceso, jueces que han sido destituidos, funcionarios que están siendo sancionados, pero para Acción Nacional esto no es suficiente.
âIndependientemente de que estamos solicitando que se castigue a los responsables, es importante que se vaya al fondo del problema y que se anulen los procesos que se llevaron a cabo, porque se adjudicaron estas viviendas a valor de risa, no pudieron darle al trabajador flexibilidad o precio cómodo por atraso en el pago, pero sí provocaron que inmobiliarias pudieran adquirir estas viviendas en 40 mil pesosâ.
Se requiere que el Gobierno federal y el Infonavit restituyan los procesos judiciales, reconozcan la propiedad de los acreditados y que se les regrese la vivienda, que tengan derecho de audiencia y se puedan defender.
