La recomendación fue entregada formalmente este jueves a representantes del gobierno de Peí±a Nieto en una reunión celebrada en Nueva York.
Por: ProcesoMéxico.- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Raâad Al Hussein, recomendó al gobierno de Enrique Peí±a Nieto establecer un consejo asesor de expertos independientes para ârevertir la tasa de impunidad imperanteâ en México y crear una oficina especializada para garantizar el castigo efectivo de las violaciones graves de derechos humanos.
A un aí±o de la gira de trabajo por México, Al Hussein dio a conocer 14 recomendaciones formuladas al Estado Mexicano que, si bien están fechadas el 14 de marzo de este aí±o, fueron entregadas formalmente este jueves a representantes del gobierno de Peí±a Nieto en una reunión celebrada en Nueva York.
En el encuentro estuvieron el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabaí±as; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Betazos Torres; y Jan Jarab, representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México.
La representación de Naciones Unidas divulgó también la respuesta del Estado mexicano a las 14 recomendaciones, de las cuales ocho aceptó si reservas, cuatro las consideró ideas âmuy interesantesâ para ser atendidas o en proceso de consulta, en tanto que dos fueron rechazadas.
El documento seí±ala que las recomendaciones âserán consideradas y atendidasâ, como se ha hecho con otras de distintos mecanismos de derechos humanos, pero que algunas de las sugerencias, âdependen en gran medida de las acciones de los poderes judicial o legislativo o bien los estadosâ.
Destaca que debido al carácter federal del país, âel seguimiento corresponderá a actores más allá del Poder Ejecutivoâ. No obstante, agrega que âen general las recomendaciones se aprecian constructivas y, en general, atendiblesâ.
En su discurso al final de su visita a México, el 7 de octubre del aí±o pasado, Al Hussein manifestó su preocupación porque 98% de los crímenes cometidos en el país quedan impunes. Y citó las âcifras impactantesâ de más de 150 mil personas asesinadas, 26 mil desaparecidos, miles de víctimas de feminicidios.
Luego, sentenció: âPrácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenesâ, así como los casos paradigmáticos de las masacres de Tlatlaya, Apatzingan y Tanhuato, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los hallazgos de cientos de fosas clandestinas.
Pide crear consejo asesor
Ante la preocupante situación de violaciones a derechos humanos en México, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raâad Al Hussein, recomendó la creación de un consejo asesor con expertos âen el campo de derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado Mexicano en estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el paísâ.
En el pliego de sugerencias, el funcionario de la ONU consideró que el Consejo âpodría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre impunidad y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, evaluar su efectiva implementación y presentar informes públicos periódicosâ.
También consideró necesario crear âuna oficina especializada de alto nivel de la PGRâ para garantizar que las violaciones graves de derechos humanos, âincluyendo la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sean investigadas y sancionadas adecuadamenteâ.
Dicha oficina, explicó, deberá estar dirigida por un experto reconocido âen materia de derechos humanos y el combate a la impunidad, y contribuir con las unidades especializadas ya existentes y procuradores dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGRâ, además de que deberá contar con ârecursos humanos, técnicos y financieros adecuados para llevar a cabo sus tareas de manera profesional y efectivaâ.
Aun cuando felicitó las modificaciones de 2014 al Código de Justicia Militar para limitar su jurisdicción, Al Hussein consideró importante realizar una nueva reforma para que âla jurisdicción civil también conozca casos de violaciones a derechos humanos cometidos contra los militaresâ. El objetivo: que las autoridades civiles cumplan âplenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mandoâ.
En cuanto a temas de seguridad pública, el funcionario de la ONU sugirió orientarla hacia los estándares internacionales de derechos humanos, âgarantizar una efectiva rendición de cuentas por violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadasâ, y âadoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicosâ, así como asegurar su cumplimiento.
Aí±adió que es pertinente crear una institución forense autónoma e independiente âcon suficientes recursos, que pueda dar servicio a todos los órganos de administración de justicia, incluyendo los tribunales, autoridades de procuración de justicia y representantes legalesâ.
El organismo resaltó que es indispensable adoptar una ley nacional âque establezca un registro unificadoâ de las personas privadas de la libertad, que incluya âmedidas específicas de prevención para evitar detenciones arbitrarias, torturas y desaparicionesâ, así como garantizar âel profesionalismo e independencia de los órganos públicos locales y federalesâ, incluidas las de administración y procuración de justicia y de derechos humanos, así como âinvestigar a fondo cualquier acto de presión política y corrupción y separar a los servidores públicos de sus funciones en caso de encontrarlos culpablesâ.
El Alto Comisionado de la ONU recomendó a México la ratificación de instrumentos internacionales como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Nií±o, además de reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para analizar casos particulares y firmar y ratificar los tratados interamericanos adoptados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos pendientes de ratificar.
Consideró de relevancia la creación de un âmecanismo inter-interinstitucional de alto nivelâ para monitorear y asegurar el cumplimiento âde los estándares y recomendaciones internacionales y regionales de derechos humanosâ por parte de los gobiernos estatales y federal, así como implementar un âsistema nacional de estadística de derechos humanosâ, en los que deberá garantizarse la participación de la sociedad civil.
Mujeres y pueblos indígenas
En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, Al Hussein demandó al gobierno de Peí±a Nieto garantizar que sean consultados antes de la construcción de megaproyectos de desarrollo por parte de corporaciones nacionales y trasnacionales.
Alentó a continuar con el impulso a políticas públicas con recursos suficientes para combatir la violencia hacia las mujeres y fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) con datos actualizados y ponerlos a disposición del público.
El funcionario se refirió a las leyes generales pendientes de aprobar en materia de tortura y desaparición forzada, las cuales deberían apegarse a âlos estándares internacionales de derechos humanos, con la partición de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para integrar adecuadamente sus consideracionesâ, y garantizarse su âefectiva implementación a nivel federal y estatal, incluyendo el desarrollo de las capacidades requeridas y asignando los recursos humanos y financieros necesariosâ.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano implementar âla metodología de indicadores de derechos humanos de la ONU-DHâ, para medir el impacto de las políticas públicas relacionadas con esta materia, mismas que deberán diseí±arse a partir de información basada en un sistema de indicadores e implementar una política de transparencia, para lo cual deberán asignarse recursos necesarios para el diseí±o del sistema de datos.
La respuesta del gobierno
De las 14 recomendaciones de la ONU, el gobierno de México consideró que âpodría atenderseâ la referente a la creación de un consejo asesor en materia de derechos humanos y combate a la impunidad, de acuerdo con orientar la seguridad pública con enfoque de derechos humanos.
Además, dijo que se podría garantizar la autonomía de instituciones de administración y procuración de justicia y de derechos humanos; monitorear las políticas públicas con un mecanismo interinstitucional de alto nivel; consultar a los pueblos indígenas; fortalecer el combate a la violencia contra la mujer; considerar a las víctimas en la legislación contra la tortura y desaparición forzada y adoptar los indicadores de la ONU-DH.
El gobierno de Peí±a Nieto aseguró que âno es factible considerar mayores modificacionesâ al Código de Justicia Militar. La razón: âcualquier afectación a los derechos humanos en agravio de un militar puede ser revisada o recurrida ante tribunales ordinarios a través de un amparoâ.
En cuanto a la propuesta de crear una oficina especializada en la PGR para atender las violaciones graves a derechos humanos, el Estado mexicano seí±aló que la dependencia ya cuenta con oficinas dedicadas a atender casos como las desapariciones, los delitos contra migrantes, a periodistas, la tortura, entre otras.
También tomó como motivo de análisis la creación de una ley general sobre uso de la fuerza; la creación de una oficina forense autónoma; diseí±ar una ley general para registro de personas privadas de libertad; en tanto que se está en consulta la ratificación de algunos convenios internacionales y regionales.
En un comunicado de prensa, la oficina de ONU-DH saludó âel constructivo diálogo en curso con el gobierno mexicanoâ y se manifestó dispuesta a continuar trabajando con las autoridades para âfortalecer la implementación de acciones y políticas dirigidas a asegurar el pleno respeto a los derechos humanos en Méxicoâ, y para mantener la cooperación en espacios internacionales de esta materia.
