Coahuila: silenciosa víctima del robo de combustibles

Las investigaciones exhiben a empresarios, narcotraficantes y funcionarios

Por: Néstor González Saltillo, Coah.- La Fiscalí­a General del Estado afirma que el problema del robo de combustible –conocido popularmente como “huachicol”– no es grave en Coahuila, pues este delito es más común en estados que cuentan con las mayores redes de distribución como Hidalgo, Puebla y Guanajuato. Anteriormente, el estado ha informado la detención de personas dedicadas al robo y venta ilegal de hidrocarburos, aunque estas detenciones se dan de manera esporádica en acciones ejecutadas por fuerzas estatales en colaboración con el Gobierno federal. Sin embargo, el fenómeno y su verdadera gravedad han sido exhibidos por investigaciones, como la que realizó la periodista Ana Lilia Pérez para su libro El Cártel Negro, donde dedica un capí­tulo a Coahuila sobre las operaciones de redes criminales. Según el libro, los militares que formaban parte de la Gerencia de Seguridad Fí­sica de Pemex “en sus recorridos en Coahuila habí­an detectado presencia de gente de los Zetas, que habí­an conversado incluso con ellos; hay que recordar que los Zetas eran exmilitares y algunos hasta se conocí­an con la gente que custodiaba las instalaciones de Petróleos Mexicanos y habí­a ofrecimientos económicos para que la gente de Pemex y los militares encargados de la seguridad interna los dejaran operar”. Entrevistó a contratistas y franquiciatarios y ellos advertí­an que los Zetas les llevaban camiones de gasolina para comercializarlos presionándolos para colaborar o incluso de manera voluntaria. “Se involucraron a grado tal que consolidaron sociedades empresariales con los Zetas, como el caso de Francisco Colorado, o en Coahuila, una red de franquicias gasolineras de Juan Manuel 'El Mono' Muí±oz, uno de los franquiciatarios más importante en la Comarca Lagunera. Desde Fox se advirtió que dejaron de comprarle a Pemex y continuaban operando, fue de los primeros empresarios en Coahuila que hizo sociedad con los Zetas”. El involucramiento de este operador de los Zetas –actualmente detenido en Espaí±a– con un alto funcionario de Pemex saldrí­a a la luz aí±os más tarde para evidenciar una red de corrupción que se ocultaba con sigilo a plena vista de las autoridades. LA CONEXIí“N SALTILLO-MADRID Rosendo Villarreal Dávila fue director corporativo de Administración de Pemex durante más de cuatro aí±os –de enero de 2005 a septiembre de 2009–. Unos dí­as antes de dejar su puesto, Villarreal Dávila reconoció en una entrevista para la revista Fortune que el robo de combustibles estaba relacionado con el crimen organizado. Según sus propias cifras, el huachicoleo le costó a Pemex más de 20 mil millones de pesos, y tan sólo en 2008, el costo de las pérdidas ascendió a 9 mil 300 millones. El 29 de julio de 2009, dos meses antes de la separación oficial de su cargo, la PGR montó un operativo en la Torre Ejecutiva de la paraestatal. Ese dí­a elementos de la PGR y las secretarí­as de Seguridad Pública y de la Función Pública aseguraron equipos de cómputo y documentos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Fí­sica, dependiente de la Dirección Corporativa de Administración. En octubre de 2016, un medio digital de Nuevo León, Código Magenta, destapó una red de complicidad entre Villarreal Dávila y el operador de los Zetas en Coahuila, Juan Manuel “El Mono” Muí±oz Luévano, que contaba con gasolineras registradas a su nombre, de prestanombres, y de conocidos personajes de la sociedad saltillense que se asociaron con él entre los múltiples negocios que estableció para lavar dinero. Este medio citó documentos de la Justicia espaí±ola dentro de la investigación que se le sigue en aquel paí­s a Muí±oz Luévano, donde aparentemente se involucró a Rosendo Villarreal y a la prima del expresidente Felipe Calderón, Maria Antonieta “Tony” Hinojosa. De acuerdo con ese reporte, los negocios tendrí­an qué ver con gasolina robada de los ductos de Pemex. “Los beneficios obtenidos con esos ingresos extras se destinan al pago a personas de relevancia en la administración pública mejicana (P ej. Rosendo Villarreal Dávila)”, seí±alan los documentos del Ministerio del Interior espaí±ol. El 20 de agosto de 2014, Muí±oz Luévano sostuvo una conversación relacionada con unas escrituras con una persona a la que se le indicó pasar “a la oficina de Rosendo a recoger algo”. Al dí­a siguiente, 21 de agosto, “El Mono” habló del pago de un predio destinado a la construcción de una gasolinera, y en las grabaciones telefónicas que poseen las autoridades, refirió que ya se habí­a comunicado con el apoderado de Rosendo Villarreal, al que le vendió dicha gasolinera. Otro de los empresarios vinculados a la red de robo de combustible es Gerardo Garza Melo, involucrado además en la polí­tica local. Su último cargo lo ocupó como Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial en el sexenio de Rubén Moreira Valdez. En 2016, el entonces Gobernador anunció una reestructura que contemplaba la desaparición de esa Secretarí­a. Semanas después, elementos de la Secretarí­a de Marina catearon el domicilio de Garza Melo, en el exclusivo fraccionamiento Toscana, al norte de Saltillo. En ese momento se reportó la detención del empresario, sin embargo esto no resultó cierto. Sin embargo, Garza Melo, dedicado por muchos aí±os a la polí­tica local, desapareció de la escena pública. TRíFICO DE INFLUENCIAS Según un reportaje publicado por Contrapunto, en 2007, Alberto Villarreal Berlanga, hijo de Rosendo Villarreal Dávila, firmó con Pemex Refinación tres contratos para operar una franquicia gasolinera en Coahuila. La estación de servicio E09239, ubicada en la colonia Los Llanos, en el kilómetro 8 del bulevar Fundadores, está registrada a nombre de Villarreal Berlanga, quien con sus hermanos Alberto y Ernesto poseen la empresa Transportes Villarreal Berlanga, con domicilio en la zona industrial de Ramos Arizpe, que opera tráileres de carga entre México y Estados Unidos, y tramita en Pemex contratos de transporte de hidrocarburos. El 8 diciembre de 2006, apenas una semana después de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República, y con su papá como alto directivo de Pemex, Alberto Villarreal Berlanga creó la compaí±í­a Servicio Sierra de Arteaga, SA de CV. El 15 de marzo de 2007, tres meses después de crear la empresa, Villarreal Berlanga tramitó su incorporación como franquicitario de Pemex Refinación para la estación de servicio E09239; pagó 312 mil 150 pesos. Su vigencia es de 15 aí±os, es decir, hasta el 2022, plazo prorrogable por periodos de cinco aí±os. Para la explotación comercial de la franquicia de Pemex, en noviembre de 2007, Villarreal Berlanga signó con la paraestatal tres contratos: un Contrato de Franquicia para Estación de Servicio, un Contrato de Suministro y un Contrato de Crédito. Los tres se formalizaron el 9 de noviembre en Monterrey, Nuevo León. Pemex Refinación otorgó a Servicio Sierra de Arteaga la categorí­a de tres estrellas, que significa que recibe el margen de utilidad más alto que maneja Pemex para sus franquiciatarios, según se asienta en el documento. Pero además, los funcionarios le otorgaron un crédito a cuenta corriente sin intereses moratorios ni accesorios de ninguna naturaleza. Ello se asienta en el documento contractual SVRN-608-9239, fechado el 14 de noviembre. PERSONAJES Y 'LLAMADAS' Villarreal Dávila apareció ante los medios un dí­a después de que se exhibió su presunta relación con Muí±oz Luévano. Aseguró que los documentos exhibidos por la Justicia espaí±ola se refieren a otra persona, Rosendo Valdez, quien según el exfuncionario de Pemex, sí­ habrí­a hecho negocios con el operador de los Zetas. Pero, la investigación del Ministerio del Interior de Espaí±a, en particular de la Comisarí­a General de la Policí­a Judicial seí±ala especí­ficamente a Rosendo Villarreal Dávila en cinco ocasiones, tres de ellas por su nombre completo. Además involucran a Jorge Salcido Urroz, ex jefe del área de seguridad de Pemex, y con quien la familia de Rosendo tiene una larga relación de trabajo: fue jefe de seguridad de la familia López; posteriormente fue director de la Policí­a de Saltillo cuando Manuel López Villarreal –sobrino de Rosendo Villarreal– fue alcalde y cuando el otro hermano López Villarreal, Isidro, obtuvo el cargo, lo nombró encargado del C-4, pero fue destituido por no cumplir con los exámenes de control y confianza. Rosendo Villarreal creó la organización Civil Coahuila Observa, en la que ha tenido participación en diversas actividades, algunas de ellas no tan lí­citas. Zócalo Saltillo exhibió el aí±o pasado una conversación que se hizo circular en redes sociales en las que Rosendo Villarreal sostiene un diálogo con José Luis Garcí­a Valero, quien encabeza la organización Sí­ a la Vida, que se ha opuesto a la instalación y el funcionamiento del Cimari en Noria de la Sabina, en General Cepeda y en la que también está involucrada la Diócesis de Saltillo. En el audio hablan del apoyo que les dieron los huachicoleros de General Cepeda, e incluso Garcí­a Valero hace referencia a la detención de uno de ellos en hechos suscitados en 2015. “Nomás preguntarte cómo iban, Julio ya te va a hacer el depósito de las tres semanas”, le dice Rosendo Villarreal a Garcí­a Valero. “De acuerdo, y muchas gracias por el apoyo, Rosendo”, le contesta su interlocutor. Después hablan de que subieron a las redes sociales el acta de Cabildo donde se da el cambio de uso de suelo para la instalación del Cimari, y que sostuvieron una reunión con gente de la Secretarí­a de Gobierno. Por último, Garcí­a Valero habla del apoyo que les dan los negocios de venta de combustible clandestino. “En la noche empezaron a correr tuits y cuestiones. Hubo una balacera en San Antonio del Jaral, que es una comunidad que está apoyándonos mucho, se llevaron al empleado de un distribuidor de diésel de estos clandestinos que nos están apoyando mucho también. í‰l tiene un expendio de diésel, no es de las gentes (sic) que figura, está ahí­ en el grupo pues. Toda la carretera, San Antonio, y el 64 y tal, están marcados por ese tipo de cosas y por prostitución y demás, ¿no?”, evidencia Garcia Valero en la llamada. De acuerdo con los registros periodí­sticos, la balacera a la que hace referencia el activista ocurrió en septiembre de 2015, cuando elementos de la Policí­a Estatal Operativa detuvieron a dos personas en ese ejido expidiendo facturas falsas de gasolina, casetas de peaje y hospedaje para los traileros que cruzan la carretera antigua a Torreón, a la altura de San Antonio del Jaral. Luego de revisar el sitio donde se detuvieron a estas personas, descubrieron que también se dedicaban a la venta de gasolina y diésel de procedencia ilí­cita. VíNCULOS • Los oficios del Ministerio del Interior espaí±ol se hicieron públicos en 2016 y seí±alan que hubo entradas y salidas de dinero de los negocios del Juan Manuel “El Mono” Muí±oz Luévano entre junio y julio de 2012 para hacer cuatro pagos a “Rosendo V.” por un monto de 2.15 millones, aunque no se especifica si el monto es en pesos o dólares. • El exalcalde de Saltillo, Rosendo Dávila Villarreal negó estar relacionado con Muí±oz Luévano, quien es procesado por lavado de dinero y narcotráfico en ese paí­s y aseguró que la Justicia espaí±ola se referí­a a “Rosendo Valdez”, otro exfuncionario de Pemex. • Sin embargo, la investigación del Ministerio del Interior espaí±ol lo refirió a él en tres ocasiones por su nombre completo.