Video muestra manipulación de procesos.
Por Luis Durón
Saltillo, Coah.- A través de un video que se difundió en las redes sociales, se dio a conocer un acto de corrupción entre una juez del ámbito penal y agentes del Ministerio Público.
En la grabación se percibe a la jueza Carlota Yadira Velázquez de Luna hablando con agentes del Ministerio Público y acordando disminuir un plazo de investigación en contra de un imputado.
Ante esto, el Consejo de la Judicatura inició un proceso administrativo contra la jurista y la Fiscalía Anticorrupción abrió una carpeta de investigación en torno al caso.
La jueza fue suspendida de su cargo en el Centro de Justicia Penal luego que se difundió un video donde se percibe que incurrió en actos de corrupción al âacordarâ arreglos legales con el Ministerio Público encargado de un caso.
La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Miriam Cárdenas Cantú, seí±aló que por razones legales está impedida a dar detalles sobre el proceso administrativo que se abrió en contra de la jueza.
Aseguró que desconocía si la jurista ya había sido notificada sobre el proceso en su contra, debido a que se encontraba inactiva por incapacidad, de la cual no dio detalles.
En Coahuila la titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal dejó sin efecto la orden de reaprehensión en contra de Sergio Ricardo Fuentes Flores, seí±alado como cómplice de Villarreal Hernández por el delito equiparado al fraude que está relacionado con la megadeuda de Coahuila.
Héctor Javier Villarreal Hernández se de-sempeí±ó como titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec) durante la administración de los exgobernadores Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López, mientras que Sergio Ricardo Fuentes Flores, era el administrador de Políticas Públicas de la misma dependencia.
Ambos exfuncionarios estuvieron involucrados en la contratación de créditos millonarios y malversación de fondos de las arcas del Gobierno.
Javier Villarreal es juzgado en Estados Unidos luego que un juez emitiera una orden de aprehensión por el delito de peculado y de lavado de dinero que pertenecía al Gobierno de Coahuila.
