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Por caso Infonavit, desaforan a 2 magistrados y 4 jueces de Nayarit

Los acusados son señalados de haber participado en un fraude inmobiliario masivo que involucraría el despojo de 60 mil viviendas.

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Los acusados son seí±alados de haber participado en un fraude inmobiliario masivo que involucrarí­a el despojo de 60 mil viviendas.

Por: Agencias

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados de Nayarit aprobó la eliminación del fuero constitucional en contra del presidente del Tribunal de Justicia, Pedro Antonio Enrí­quez Soto, al magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado y cuatro jueces vinculados presuntamente a la red de corrupción por el despojo de 60 mil viviendas a derechohabientes del Infonavit.

Por unanimidad, los legisladores locales aprobaron además la eliminación del fuero de los jueces Braulio Meza Ahumada, Baldomero Zamora Rodrí­guez, Mario Cervera López y Justino Rodrí­guez para ser juzgados como presuntos responsables del fraude inmobiliario.

El Congreso estableció que los funcionarios judiciales serán juzgados por la Fiscalí­a General de Justicia por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, delito cometido en la custodia de documentos, tráfico de influencias, falsificación de documentos en general y fraude especifico en perjuicio de Arturo Alonso Martí­nez Sequera, derechohabiente despojado de su vivienda en Tamaulipas, y de quien resulte ofendido.

En tanto, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado confirmó que fueron suspendidos provisionalmente cuatro jueces vinculados presuntamente a actos de corrupción en el caso Infonavit.

Sin embargo, será hasta el enero cuando se determine si hay elementos de prueba para suspender de forma provisional a los dos magistrados, Pedro Antonio Enrí­quez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado.

Los inculpados deberán presentar en un plazo no mayor a cinco dí­as hábiles por escrito un informe sobre los hechos que se les imputan y ofrezcan pruebas en su defensa.

El despojo, de acuerdo con la investigación de la Fiscalí­a General de Justicia, fue realizado en perjuicio a derechohabientes de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Sonora y Nayarit.

Con información de Milenio 

 

 
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