Dos muertes inauditas dan macabro giro al caso Odebrecht

De acuerdo con el peritaje forense, la causa de la muerte de Alejandro es inequí­voca: 'envenenamiento por ingesta de cianuro'.

Por Proceso Bogotá.- Las muertes de Jorge Enrique Pizano, un testigo clave del caso Odebrecht en Colombia, y de su hijo Alejandro, quien fue envenenado con cianuro, han convertido la trama de corrupción de la constructora brasileí±a en un asunto de nota roja que involucra a personas de mucho poder en este paí­s. Jorge Enrique Pizano, un ejecutivo que en 2015 habí­a alertado al hoy fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martinez, sobre los manejos turbios de Odebrecht, murió el pasado jueves 8 por un aparente paro cardiaco que está siendo investigado ante las dudas de su familia y de millones de colombianos. Las sospechas se acrecentaron luego de que el domingo 11, tres dí­as después del deceso del conocido ejecutivo colombiano, su hijo, Alejandro Pizano Ponce de León, muriera tras tomar un sorbo de una botella de agua que estaba en el escritorio de su padre recién fallecido. De acuerdo con el peritaje forense, la causa de la muerte de Alejandro es inequí­voca: “envenenamiento por ingesta de cianuro”. Las dos muertes cobraron un sentido mucho más dramático la noche del domingo 11, cuando el telenoticiero Noticias Uno divulgó una entrevista que le habí­a otorgado Jorge Enrique Pizano en agosto pasado y la cual sólo habí­a autorizado transmitir si él morí­a –padecí­a cáncer linfático– o cuando saliera del paí­s, algo que pensaba hacer pues temí­a ser asesinado. En la entrevista, el ejecutivo, ingeniero civil y auditor de la financiera y concesionaria de ví­as carreteras Corficolombiana, relató que en agosto de 2015 buscó al hoy fiscal general Néstor Humberto Martí­nez, a quien conocí­a, para contarle que habí­a detectado el pago de sobornos por parte de Odebrecht en las obras de la autopista Ruta del Sol II. En ese entonces, Martí­nez aun no era fiscal general, pero ya se mencionaba como el aspirante más fuerte para ocupar ese cargo. Como propietario de un enorme despacho legal, era representante jurí­dico del Grupo Aval, socio de Odebrecht, a través de Corficolombiana, en la construcción de la Ruta del Sol II. Jorge Enrique Pizano le pidió a Martí­nez llevar esa información a Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Grupo Aval y el hombre más acaudalado de Colombia. Es propietario de bancos, constructoras, hoteles, empresas de energí­a y del influyente diario El Tiempo. Pizano relató a Noticias Uno que ni Martí­nez ni Sarmiento Angulo pusieron atención a sus denuncias, las cuales respaldó con documentos y audios de sus conversaciones con el hoy fiscal general. Incluso fue despedido de Corficolombiana dos aí±os después. Pizano dijo al noticiero que grabó las conversaciones con el actual fiscal al darse cuenta de que estarí­a tratando de encubrir o ignorar las denuncias que él hací­a y de que, en su condición de auditor de Corficolombiana, podí­a ser implicado en la trama de sobornos de Odebrecht. El fiscal general, cuestionado Martí­nez, quien se convirtió en fiscal general en agosto de 2016, es el centro de severos cuestionamientos por parte de sectores polí­ticos que le piden su renuncia y que exigen una investigación minuciosa e independiente de las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo. Los principales argumentos en contra de Martí­nez son que no formuló ninguna denuncia ante las autoridades judiciales cuando Pizano lo puso al tanto de la trama de sobornos de Odebrecht y que, al convertirse en fiscal general, omitió esos hechos. La Fiscalí­a General de Colombia sólo se ocupó del caso Odebrecht cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló, en diciembre de 2016, que polí­ticos y autoridades de 12 paí­ses –la mayorí­a latinoamericanos– recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileí±a a cambio de contratos. A lo largo de la investigación en Colombia, Martí­nez ha sido cuestionado por supuestamente proteger al Grupo Aval y a su exjefe, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y es que, el aí±o pasado, la Fiscalí­a llevó a la cárcel al expresidente de Corficolombiana, José Elí­as Melo, por aportar parte de los 6.5 millones de dólares de un soborno que hizo Odebrecht a funcionarios colombianos para obtener la concesión de la Ruta del Sol II. Para los crí­ticos del fiscal resulta inexplicable que pagos de ese monto se hayan hecho a espaldas de la familia Sarmiento Angulo, propietaria de Corficolombiana. El fiscal Néstor Humberto Martí­nez fue denunciado el miércoles ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes –instancia encargada de investigar a los altos funcionarios del Estado— por el delito de “omisión de denuncia”. El demandante es el presidente de la Red de Veedurí­as, Pablo Bustos, quien sostuvo que Martí­nez “deliberadamente omitió lo que le habí­a reportado Jorge Pizano, en vez de poner esto en conocimiento de las autoridades competentes”. El fiscal Martí­nez aceptó el miércoles, en una entrevista con Caracol Televisión, que conoció “irregularidades” de Odebrecht antes de llegar a ese cargo, pero que no tení­a la certeza de que se tratara de delitos porque Pizano tení­a esa duda. Sin embargo, en los audios que dio a conocer Noticias Uno, los Pizano y Martí­nez hablan de “coimas” (sobornos). El Grupo Aval, por su parte, aseguró en un comunicado que el consorcio de Sarmiento Angulo solo se enteró de los sobornos de su socio brasileí±o hasta diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer sus investigaciones. Corficolombiana, la filial del Grupo Aval directamente implicada en el asunto, es “ví­ctima en este caso”, aseguró el comunicado. Amplios sectores de la oposición advirtieron que Martí­nez no debí­a ser fiscal por el “conflicto de intereses” que lo perseguirí­a tras su paso como asesor o representante legal de los mayores grupos empresariales colombianos. El senador del izquierdista Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, dijo que los hechos que se han revelado en los últimos dí­as confirman “que es una vergí¼enza que Colombia tenga un fiscal como Néstor Humberto Martí­nez”. Diferentes sectores polí­ticos, incluso dirigentes del partido de Martí­nez, Cambio Radical, han pedido investigar si en el cuerpo de Jorge Enrique Pizano también hay rastros de cianuro, el veneno que mató a su hijo. “¿La Fiscalí­a de Néstor Humberto Martí­nez es la que nos va a decir por qué ese joven terminó envenenado con cianuro? ¿Los colombianos tenemos posibilidad de creer en esa Fiscalí­a para saber lo que está pasando?”, se preguntó el senador Robledo en la sesión legislativa del martes. Pizano sabí­a que lo matarí­an El también senador izquierdista y excandidato presidencial Gustavo Petro revelo que Jorge Enrique Pizano acudió a él desde 2016 y le entregó varios documentos sobre el caso Odebrecht que, además, demostrarí­an que parte de ese dinero se usó para financiar campaí±as polí­ticas en la región Caribe colombiana. Pizano “sabí­a que lo iban a matar”, aseguró Petro en una entrevista radial. El senador dijo que Pizano relató a su asesor legislativo, Andrés Hernández, que entre quienes lo querí­an muerto por los sobornos en la concesión de la autopista Ruta del Sol II “habí­a gente más poderosa que el fiscal”. Luego Petro planteó: “¿Qué es lo que es más poderoso que el fiscal detrás del caso Odebrecht? No hay otra que los mismos socios de Odebrecht, los Solarte (familia empresarial), que son los socios, y Corficolombia, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuyo abogado es el actual fiscal general de la Nación; son los que son poderosos más que el fiscal”. Aunque luego el senador aclaró: “Yo no estoy diciendo que él (Sarmiento Angulo) lo mandó a asesinar. Ojo, porque eso es algo de una investigación”. El miércoles en la maí±ana, el asesor de Petro, Andrés Hernández, informó que su padre fue apuí±alado a la altura del corazón al llegar a su casa por un hombre que lo estaba esperando. “No voy a pretender que le hagan daí±o a mi familia por venganza o retaliación a mis denuncias y/o labores”, escribió en su cuenta de Twitter. Alejandro Pizano, el joven muerto tras beber agua con cianuro de una botella que estaba en el escritorio de su padre recién fallecido, era arquitecto y residí­a en Barcelona. Su viuda tiene un embarazo de seis meses. La familia Pizano ha alertado sobre la posibilidad de que se quiera conducir la investigación de ambas muertes por la lí­nea de que habrí­an sido suicidios.