La PGR liberó las mil 600 hectáreas distribuidas en dos predios ubicados a un costado del Puerto Industrial de Altamira.
Por Reforma
Ciudad Victoria, Tamps.- La Procuraduría General de la República (PGR) liberó las mil 600 hectáreas distribuidas en dos predios ubicados a un costado del Puerto Industrial de Altamira, que están ligadas con el proceso penal que enfrenta el ex Gobernador tamaulipeco priista, Eugenio Hernández.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, informó en el comunicado número FEC/005/2018, que los terrenos recuperados supera el valor de los mil 500 millones de pesos.
Detalló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), solicitó al Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Tamaulipas, la cancelación del gravamen sobre estos predios propiedad del Gobierno del Estado y que fueron vendidas de manera irregular a una empresa particular.
"La PGR mantenía estos terrenos en calidad de asegurados como medida cautelar en una indagatoria de la Siedo, sin embargo, las acciones que inició el gobierno estatal permitieron que los terrenos fueran liberados del aseguramiento y hoy se encuentren libres de gravamen", afirmó el documento.
La autoridad anunció que el Gobierno del Estado inició en octubre de 2017 el proceso legal de recuperación de los terrenos localizados en el Puerto de Altamira, cuando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas logró que se librara orden de aprehensión en contra de personas implicadas en la averiguación previa penal 14/2017.
"Las 1,600 hectáreas habían sido vendidas en 2007 a un particular en 16 millones de pesos", detalló el comunicado.
La Fiscalía agregó que continuará con las acciones legales que permitan la recuperación de terrenos u otras propiedades que pertenezcan al patrimonio del estado y que particulares a través de actos de corrupción, se hayan apropiado de ellas.
De acuerdo con información anteriormente proporcionada por este organismo, Hernández quien cumplirá un aí±o preso este 6 de octubre, se hizo de mil 600 hectáreas que adquirió a través de prestanombres a 1.5 por ciento de su valor real.
Estos terrenos fueron expropiados por el Gobierno Federal en 1981 y transferidos a Tamaulipas en 1998, cuando gobernaba Manuel Cavazos Lerma, como parte de un proyecto para fomentar el desarrollo industrial en el puerto de Altamira.
El 19 de junio de 2002, el Fideicomiso Nuevo Santander, que administraba desde 2001 por parte del Gobierno tamaulipeco dichas propiedades, vendió las extensiones de tierra a Materiales y Construcción Villa de Aguayo, una empresa de Fernando Cano Martínez, presunto testaferro del ex Gobernador Yarrington.
La inmobiliaria de Fernando Cano vendió en 2007 los terrenos en 16 millones de pesos a GMC Desarrollo Industrial de Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, seí±alado como prestanombres de Hernández.
Busca Eugenio evitar vinculación
Tras una audiencia que se ha prolongado por más de ocho horas un Juez de Control desechó un perito ofrecido por la defensa del ex Gobernador, Eugenio Hernández Flores, como prueba para justificar un ingreso de más de 40 millones de pesos, que le imputa la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.
Con esta acción, la defensa del ex Edil de Ciudad Victoria, pretende evitar que se le dicte auto de vinculación a proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la reanudación de la audiencia inicial dentro de la carpeta administrativa CP-0237/2018, y que se suspendió el pasado viernes, la defensa ofreció como recurso de prueba un peritaje del Contador Público, Benjamín Soria Palacios, para combatir el dictamen contable rendido por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.
Del citado dictamen contable del pasado 25 de septiembre elaborado por el perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Osvaldo de Jesús Cisneros Vega, se desprende un presunto enriquecimiento ilícito de Eugenio, en el período del 2000 al 2010, cuando fungió como Diputado Federal, Alcalde y Gobernador.
En su testimonio Cisneros, fue interrogado por la defensa sobre los métodos y técnicas que empleó para elaborar el dictamen contable.
Por varias horas el perito de la PGJE, expuso que para elaborar el dictamen se basó en documentos que tuvo a la vista, como las declaraciones patrimoniales del imputado, así como sus operaciones de compraventa, recibos de pago del Gobierno del Estado e ingresos de empresas donde aparece como dueí±o o socio.
La investigación llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, evidencia un supuesto patrimonio de Hernández por el orden de los más de 50 millones de pesos, de los cuales solo alrededor de 13 millones de pesos son comprobables en base a sus ingresos como servidor público.
Luego del testimonio del perito la Fiscalía solicitó al Juez dictar auto de vinculación a proceso contra el ex Gobernador, por los delitos de Enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No obstante, la defensa se quejó de que no haber admitido la prueba de dato a través del perito Benjamín Soria Palacios.
Además, la defensa del ex Mandatario integrada por nuevos abogados, cuestionó que no se haya permitido a su cliente un debido proceso a que tiene derecho, luego de que no fue citado para la respectiva notificación de los dos nuevos delitos que se le imputan.
Al filo de las 20:00 horas el Juez de Control decretó un receso de dos horas, para después resolver la vinculación o no a proceso del imputado.
Con información de Benito López
