La ‘verdad’ en las 49 horas de masacre

Testimonios de delincuentes y policí­as han permitido iniciar la búsqueda de la verdad.

Por: Redacción

Ciudad de México.- Entre las 19:00 horas del viernes 18 y las 20:00 horas del domingo 20 de marzo, Allende vivió un fin de semana negro. La delincuencia organizada, en complicidad con los policí­as municipales montaron un operativo sangriento para vengarse de tres supuestos traidores. Testimonios de delincuentes y policí­as han permitido iniciar la búsqueda de la verdad sobre la masacre en Allende, como documenta el informe realizado por el Colegio de México, En el Desamparo, un documento de más de 300 páginas que ahonda sobre los casos de Allende, Coahuila, y San Fernando, Tamaulipas, en donde la delincuencia organizada cobró decenas de ví­ctimas. La tragedia está directamente relacionada con el crimen organizado, con los hermanos Miguel íngel y Omar Trevií±o Morales, que controlaban al municipio desde Piedras Negras. De acuerdo con las investigaciones, ambos creí­an que habí­a tres traidores en su organización. “El principal era Alfonso “Poncho” Cuéllar, quien tení­a como subordinados a Héctor Moreno Villanueva, “El Negro”, y a Luis Garza Gaytán, “La Gí¼iche” o “La Gí¼ichina”. TRAICIí“N Y SANGRE Según afirmaron Cuéllar y Moreno en juicios en Estados Unidos, los hermanos Trevií±o consideraron que los traidores estaban colaborando con las autoridades estadunidenses; les entregaban evidencia de operaciones, como el lavado de dinero con caballos pura sangre dirigida por José Trevií±o, hermano mayor. “También los responsabilizaban de haberse llevado entre 5 y 10 millones de dólares de la ganancia obtenida por el tráfico de drogas a EU a través de Piedras Negras. Los tres se encuentran en la actualidad en EU donde, al menos Cuéllar y Moreno, son testigos protegidos de la DEA (Administración para el Control de Drogas; en inglés: Drug Enforcement Administration). De acuerdo con investigaciones oficiales, “Garza viví­a en Allende y el crimen ocupó el poblado el fin de semana que empezó el 18 de marzo. Para castigar su deslealtad desaparecieron a 26 personas”. CRí“NICA DEL HORROR Aunque diferentes versiones sobre la masacre seí±alan que en Allende desaparecieron 300 personas y que es posible que esta cifra sea verdadera, el informe apunta que el expediente de la Procuradurí­a General de Justicia de Coahuila sólo tiene información sobre 42 desaparecidos en este municipio, en un periodo de 14 meses. De acuerdo con los testimonios, el operativo del grupo criminal tuvo cuatro etapas: los preparativos, en la que los sicarios recibieron la orden de “que fuéramos a checar todos los domicilios de la familia Garza porque los iban a levantar para matarlos”. Mientras que los 20 efectivos de la Policí­a Municipal fueron instruidos para: “No salir a patrullar, ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran” y “levantar a cualquiera de apellido Garza” para entregarlo a la delincuencia organizada. La segunda etapa fue la captura, que inició el 18 de marzo y continuó todo el fin de semana, pues de acuerdo con las declaraciones “por la tarde llegaron, según el expediente judicial, al menos 60 sicarios fuertemente armados a Allende”, un grupo de delincuentes allanaron casas particulares llevándose a hombres, mujeres y nií±os. Al allanamiento se sumaron policí­as municipales que siguieron “levantando” a personas para subirlos a patrullas para llevarlos a ranchos donde concentraban a los condenados. Luego siguió la ejecución y destrucción de casas. De acuerdo con estas versiones, el domingo los sacaron de las casas cerca de las 20:00 horas para llevárselos caminando a los lugares de ejecución, “para luego matarlos a todos, disparándoles en la cabeza”.

[caption id="attachment_24719" align="alignnone" width="600"] Foto: Especial[/caption]

FIN DE SEMANA NEGRO En el expediente se identifica con nombre a 26 personas presuntamente asesinadas. Durante el fin de semana saquearon, vandalizaron e incendiaron las propiedades. Los sicarios, incitaban a los vecinos a robar las casas antes de incendiarlas y demolerlas con maquinaria pesada. Los policí­as que presenciaron el saqueo “nomás se quedaron mirando”, de acuerdo con las declaraciones. Posteriormente vino el manejo de los cuerpos y según cita el informe En el Desamparo, destruyeron los cadáveres en dos ranchos y con métodos distintos. En uno de los ranchos llevaron en un camión con redilas “tambos metálicos grandes con diésel o gasolina”. Esparcieron el lí­quido por toda la casa y en la bodega donde habí­an amontonado los cuerpos. Remataron antes a los que quedaban con vida. Un sicario recordó aí±os después en su declaración que “tuve que matar a una persona de un balazo en la cabeza”. Luego prendieron el fuego que se prolongó toda la noche “hasta que se cocinaron” los cuerpos. El informe seí±ala que “en el expediente hay confusiones y contradicciones acerca del número de propiedades destruidas. Después de verificarlas cuidadosamente, sostenemos que fueron 32 casas y dos ranchos”. En Allende hubo dos supervivientes. Una nií±a de 5 aí±os y un nií±o de 3. Una policí­a los entregó en una casa hogar de Piedras Negras. De ahí­ fueron recogidos por sus parientes, con quienes viven desde entonces, asegura el informe En el Desamparo. LA GRAN OMISIí“N Una de las conclusiones del informe realizado por el Colegio de México es que ni la PGR ni la CNDH atrajeron el caso de Allende. La manera como fue manejado por dos gobernadores muestra actitudes diferenciadas. “La negación define el interinato de Jorge Juan Torres López (4 de enero a 1 de diciembre de 2011). La evasión fue posible porque las ví­ctimas y los pobladores estaban aterrorizados, mientras que la Procuradurí­a sólo recibió una denuncia y realizó una visita a Allende, que se caracteriza por lo ambicioso de las instrucciones y lo magro de los resultados”. Aí±ade que “El Gobierno de Rubén Moreira sí­ reconoció la gravedad de los hechos y sí­ se interesó por esa tragedia sin haber logrado, hasta la fecha, una solución integral ni una atención adecuada”. Sin embargo, el informe también desataca al Gobierno de Coahuila al reunirse regularmente con los organismos civiles que representan a familiares de desaparecidos, pues le reconocen el gesto y las polí­ticas adoptadas, pero seí±alan los pocos resultados concretos y algunos condicionamientos inaceptables. Además de crear, en mayo de 2014, la Comisión Ejecutiva de Atención a Ví­ctimas de Coahuila (CEAV). “El expediente que nos entregó la Fiscalí­a tiene las virtudes y defectos comunes en el sistema judicial mexicano. Su soporte principal son las declaraciones y quienes interrogan no tienen interés en entender el contexto y la causalidad del hecho. Lo único que les importa es encontrar declaraciones inculpatorias”. Hay poquí­sima investigación que valide la veracidad o falsedad de lo dicho en el caso Allende. Eso impide establecer con precisión los hechos, asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparaciones. “Lo acontecido durante esas 49 horas en Allende es un episodio de una oleada de violencia que afectó a toda la región durante bastante más tiempo que aquel fin de semana y es posible que haya ví­ctimas no registradas por la Procuradurí­a. Para verificarlo tendrí­a que hacerse una investigación entre los nombres que aparecen en el expediente con los que tienen las organizaciones que representan a ví­ctimas”, cita el documento.

[caption id="attachment_24720" align="alignnone" width="600"] Foto: Especial[/caption]

Reconocen trabajo de Rubén Moreira El gobernador Rubén Moreira fue reconocido por el trabajo realizado en el tema de desaparecidos, en el marco de la publicación del informe En el Desamparo. En el evento, el investigador Sergio Aguayo, del Colegio de México, y Jaime Rochí­n, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Ví­ctimas (CEAV), reconocieron el trabajo del gobernador Rubén Moreira, la apertura y la valentí­a de actuar en estos casos y sumar la participación de los familiares para la resolución de este estos eventos. Una vez concluida la presentación de este documento, familiares de personas desaparecidas aprovecharon la oportunidad para reconocer el esfuerzo del Gobernador y exhortaron a funcionarios públicos de otras entidades federativas a que se sumaran a este esfuerzo. El documento seí±ala que: “En Coahuila, Rubén Moreira ha sentado las bases de una mejor polí­tica”, por lo que el Gobierno del Estado reitera el compromiso de seguir avanzando en el esclarecimiento de los hechos relacionados con Allende, así­ como en la totalidad de los casos en Coahuila. Cabe destacar que el Gobierno de Coahuila envió un comunicado a los medios de comunicación donde reconoce el trabajo realizado por el Colegio de México y la CEAV y de todas las personas que colaboraron de alguna manera en el informe. El gobernador Rubén Moreira Valdez fue el primero en alzar la voz y desde su primer aí±o de gobierno determinó se realizaran acciones concretas para consolidar las condiciones de paz social y de seguridad en Allende, que han permitido realizar las investigaciones. El Gobierno del Estado reitera su postura de atender las observaciones contenidas en el informe, observa con beneplácito la posibilidad de sumar esfuerzos con las personas que elaboraron el documento referido, así­ como con los diversos actores públicos de la entidad, para integrar una comisión de la verdad.

[caption id="attachment_24721" align="alignnone" width="600"] Foto: Especial[/caption]

‘Lamentable que Coahuila sea la fosa más grande’ La senadora por Coahuila, Silvia Garza Galván, pidió a la Procuradurí­a General de la República (PGR) atraer el tema de las fosas clandestinas en el ejido Patrocinio, ubicado en el municipio de San Pedro de las Colonias, en la Comarca Lagunera, ubicado a 80 kilómetros de Torreón. La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República explicó que es urgente que las autoridades federales atraigan el caso a fin de que a la brevedad posible se inicien las averiguaciones previas y se castigue a los responsables de estos crí­menes. Luego de presentar un punto de acuerdo en el Senado de la República el miércoles 5 de octubre, Garza Galván también exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que se investigue las violaciones a los derechos humanos por la omisión de la Procuradurí­a General de Justicia del Estado de Coahuila en el desarrollo de las pesquisas. “Es triste ver que en Coahuila haya más de 70 fosas clandestinas y que la autoridad tenga conocimiento desde hace mucho tiempo y no haga nada”, dijo la senadora panista. La lucha del Grupo Vida permitió localizar lo que denominó “la fosa más grande de México”, pero “no basta sólo seí±alar que la autoridad se ha visto rebasada, hay que trabajar, la delincuencia no tienen partido, argumentó la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. “Los testimonios de los habitantes del ejido Patrocinio son muy claros, aseguraron que los criminales llegaban con los cuerpos, los llenaban de diésel y les prendí­an fuego hasta que se consumieran las ví­ctimas, mientras los criminales se entretení­an con juegos para pasar el tiempo”, manifestó Garza Galván. En ese sentido, la senadora por Coahuila recordó que con base en declaraciones recientes del subprocurador de Personas Desaparecidas de la Procuradurí­a General de Justicia de Coahuila, José íngel Herrera, la fosa más grande de México, se calcula que contenga unos 3 mil 488 cuerpos.

[caption id="attachment_24722" align="alignnone" width="600"] Foto: Especial[/caption]

Allende, la represalia sangrienta Entre 2011 y 2012, al menos 42 personas, se calcula que la cifra podrí­a llegar a 300, fueron desaparecidas por integrantes de un grupo criminal, en venganza por la supuesta traición de algunos de sus operadores en esa localidad. Los desaparecidos, que según testimonios habrí­an sido asesinados y “cocinados”, fueron levantados por sicarios y policí­as locales. El grupo criminal también saqueó, e incendió propiedades de las ví­ctimas por el hecho de ser familiares o cercanos a los “traidores”. En el documento se sostiene que el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres, evadió la responsabilidad de su Administración al negar o minimizar los hechos; mientras que el Mandatario actual, Rubén Moreira, reconoció la gravedad, pero no ha brindado una solución integral. Respecto al desempeí±o de las autoridades estatales, el caso no se investiga a nivel federal, concluye que la Procuradurí­a ha dado magros resultados y no ha agotado lí­neas de investigación como las “represalias” que los criminales habrí­an tomado en municipios aledaí±os. “Esta falta de interés por la verdad y el afán de dar por cerrado el asunto tal vez influyan en la insistencia del Gobierno de Coahuila a las familias y a sus representantes de que los desaparecidos están muertos y que los perpetradores también están muertos o encarcelados”, abundó.

[caption id="attachment_24723" align="alignnone" width="600"] Foto: Especial[/caption]

San Fernando, el campo de exterminio Tras analizar estadí­sticas y distintas constancias, declaraciones y reportes sobre la masacre de migrantes en San Fernando, cometida en agosto de 2010, los investigadores concluyeron que el municipio tamaulipeco era en 2010 un “campo de exterminio”. Documentaron que el grupo criminal secuestraba a migrantes, que luego ejecutaban “en masa”, para mantener el control de la plaza y evitar que le llegaran a sus rivales de distintos grupos delicuenciales. Coordinados por Aguayo, los investigadores concluyeron que las autoridades municipales fueron, en el mejor de los casos, “figuras decorativas” ante la masacre, a pesar de que los criminales tení­an a su servicio a los 36 policí­as que entonces tení­a San Fernando. El documento sostiene que el Gobierno estatal de Egidio Torre Cantú se distinguió por la negación y la ineficiencia, pues no sólo resbaló su responsabilidad al afirmar que el crimen organizado era un problema federal, sino que su Procuradurí­a actuó con poco profesionalismo. Sobre el papel de la CNDH, critica que tardó casi tres aí±os en emitir su recomendación del caso, lo que terminó haciéndola irrelevante para la protección de las ví­ctimas, además de evidenciar falta de empatí­a hacia ellas. “No cumplió con su obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de investigarlas para contribuir a que hubiera justicia y reparaciones”, seí±ala.