En Allende no hubo hallazgo de cuerpos. La información comenzó a salir por cuentagotas solo aí±os después
Por: Agencias
Ciudad de México.- La venganza fue una de las más atroces que hayan cometido Los Zetas. En marzo de 2011, sicarios del grupo entraron a un municipio cerca de la frontera con Texas donde vivía un supuesto traidor y, con el apoyo de la policía, secuestraron a todos los que llevaban su apellido, incluidos mujeres y nií±os, y redujeron sus cuerpos a ceniza.
No se sabe el número real de víctimas de esa venganza, que oscila entre 42 y 300 desaparecidos, pero un informe divulgado el domingo ofrece por primera vez una versión avalada por una entidad federal sobre lo ocurrido en el municipio de Allende, Coahuila, una masacre ignorada durante aí±os.
La investigación, dirigida por Sergio Aguayo, del Colegio de México, con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y realizada por ocho personas, toma el caso de Allende y el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, como ejemplos de violencia extrema y desatención a las víctimas.
Ambos crímenes fueron cometidos por Los Zetas, en zonas estratégicas para el control de las rutas hacia Estados Unidos, en áreas ricas en gas y petróleo y en estados gobernados ininterrumpidamente durante casi un siglo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde imperan el miedo y el silencio impuestos por la violencia.
Lejos de ser hechos aislados, las masacres revelan un mayor nivel de âbarbarieâ por parte de Los Zetas y detallan sus vínculos con policías locales, la complicidad de los alcaldes ââque eran en el mejor de los casos figuras decorativasâ_, la indiferencia y/o ineficiencia de los gobiernos estatal y federal ante los crímenes y la âpasividadâ de las fuerzas armadas ante la hegemonía del cártel en determinados lugares, sostiene el documento.
Denuncia, además, la falta de compromiso de las instituciones con la verdad, única vía para llegar a la justicia y dar la debida atención a las víctimas. De ahí que su título sea âEn el desamparoâ, que es como se quedaron los afectados.
El caso de los 72 migrantes, ocurrido en agosto de 2010, salió a la luz pública porque hubo dos sobrevivientes ââcosa raraâ apunta el informeâ y se encontraron los cadáveres. Que muchos fueran extranjeros lo hizo cobrar relevancia y las autoridades se vieron obligadas a ofrecer explicaciones, aunque la Comisión Interamericana denunció en agosto de 2014 que la respuesta del estado mexicano âosciló entre la indiferencia y la opacidadâ.
En Allende no hubo hallazgo de cuerpos. La información comenzó a salir por cuentagotas solo aí±os después.
El fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, esta ciudad de 23 mil habitantes a 50 kilómetros de la frontera con Texas fue escenario de una venganza ordenada por el Z40 y Z42, líderes de Los Zetas ahora detenidos contra tres supuestos traidores a los que acusaban de robarles entre 5 y 10 millones de dólares de tráfico de droga y de colaborar con Estados Unidos. Los tres están presos en Estados Unidos; dos de ellos son testigos protegidos de la DEA.
La primera vez que apareció una mención a que hubo 300 víctimas de esa venganza fue en 2013, en la declaración de un integrante de Los Zetas en un juzgado estadounidense. La cifra se repite después sin dejar claro si fue en un solo hecho o en varios. El expediente del caso de la fiscalía de Coahuila tiene registradas 42 desapariciones: 26 ese fatídico fin de semana, pero también incluye 16 ocurridas en otros momentos entre enero de 2011 y agosto de 2012.
Faltan datos para poder determinar el número real de víctimas, seí±ala el informe.
Los Zetas llegaron a la zona en 2004. La violencia se recrudeció en 2006 con la batalla frontal contra el crimen organizado lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón y las guerras fratricidas entre los propios cárteles.
Para 2010, Los Zetas tenían control total del municipio de Allende y a su policía en nómina.
Ese fin de semana de 2011, los sicarios recibieron la orden de âchecar todos los domicilios de la familia Garza (apellido de uno de los traidores) porque los iban a levantar para matarlosâ. La policía tenía orden de no patrullar ni atender llamadas de auxilio y âlevantar a cualquiera con apellido Garza para entregarlo a Los Zetasâ.
Según el informe, en 2011 el cártel gastaba 61 mil 500 pesos mensuales en pagos a policías que iban desde 20 mil pesos del jefe, a los 500 para los menos comprometidos. El sueldo medio de un agente es de unos 6 mil 300 pesos.
A cambio, debían ignorar cualquier denuncia y avisar si llegaban fuerzas de seguridad o sospechosos de otro cártel, dejar que los Zetas entraran a la cárcel a sacar a personas o golpearlas; cobrar las extorsiones y levantar a quien indicaran los criminales.
La búsqueda de todo aquel apellidado Garza, mujeres y nií±os incluidos, la llevó a cabo ese fin de semana un comando armado de al menos 60 personas. Policías y sicarios hacían las detenciones y llevaban a la gente âa dos ranchos donde se concentraba a los condenadosâ.
Los Zetas incitaron a los vecinos a robar las casas antes de incendiarlas y demolerlas con maquinaria pesada. Fueron destruidas 32 casas y dos ranchos. En los ranchos, según declaraciones de detenidos, era donde quemaban los cadáveres. A veces los incineraban en toneles.
âDespués de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos, quedaba pura mantequillaâ. Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que âno se viera nadaâ, dice la confesión de un sicario.
El documento del Colegio de México subraya que esas 49 horas fueron solo un episodio de una âoleada de violenciaâ no investigada a fondo que llegó a otros municipios y se prolongó en el tiempo.
Pese a la gravedad de lo ocurrido, el caso âfue ignoradoâ por las autoridades entre 2011 y 2013. Ningún perito de la fiscalía del estado acudió a Allende hasta 2014, constata el documento.
La investigación critica, además, la âopacidadâ de Estados Unidos que, ârehúsa compartir informaciónâ con Coahuila de sus testigos protegidos. La fiscalía federal mexicana tampoco quiso aportar datos al informe.
El documento también denuncia las nulas consecuencias de las recomendaciones del ombudsman mexicano sobre el caso y la falta de acción de la Comisión de Víctimas.
Sergio Aguayo adelantó que iniciarán una nueva fase de investigación para entender mejor a Los Zetas, el papel de los gobiernos de Coahuila previos a los hechos, y para saber qué hizo la sociedad para resistir cuando âel estado abandonó a las víctimasâ.
El actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, en el poder desde diciembre de 2011, ha avanzado algo al reconocer la gravedad de los hechos y comenzar a investigar, pero âno le da prioridad al derecho a la verdadâ y a explicar el porqué de la masacre, indica el documento.
Según los últimos datos del gobierno federal, Coahuila tiene mil 618 desaparecidos. Las autoridades han encontrado fragmentos óseos en diversos ranchos que podrían ser resultado de prácticas como la descrita en Allende. Incluso han reconocido que los Zetas calcinaban a personas en la cárcel de Piedras Negras, aunque hay mucha imprecisión sobre estos sucesos.
Algunas madres de desaparecidos en el estado presentes en la presentación del informe cerraron el acto con reclamos. âSí hay manera de que nos regresen a nuestros hijos: buscándolosâ, gritó Yolanda Morán, madre de un desaparecido en 2008. âHay mucha simulación. No hacen investigaciones, no salen a buscar, no identifican los restos que encuentranâ.
El poeta y activista Javier Sicilia, asesor de la investigación, destacó la importancia del informe por su independencia y porque âes la expresión de lo que sucede en todo el paísâ, masacres que no son hechos aislados.
En México hay oficialmente 27 mil 887 desaparecidos. Las organizaciones de víctimas aseguran que las cifras reales son mucho mayores.
