La dependencia federal dio a conocer ayer la decisión a través de un comunicado.
Por Reforma
Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que la víctima en el caso de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, por el presunto peculado agravado de 250 millones de pesos, es el Estado de Chihuahua.
En un oficio enviado a la Consejería Jurídica del Gobierno de Chihuahua, el director general de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Flavio Carlos Valadez, indica que la SHCP no es parte del proceso.
â(...) con independencia de lo establecido por el Poder Judicial de la Federación en la resolución del Conflicto Competencial 4/2018, la defensa de los recursos en cuestión sí compete al fuero local; por lo que en consecuencia corresponde enteramente al Gobierno del Estado de Chihuahua, y no al Gobierno federal, llevar a cabo las acciones jurídicas necesarias e interponer los recursos a que haya lugarâ.
Luego del sobreseimiento de la PGR en el caso de la presunta triangulación de 250 millones de pesos desde la SHCP hacia la Administración del exgobernador César Duarte y posteriormente hacia las campaí±as del PRI en 2016, la Consejería Jurídica de Chihuahua exhortó a Hacienda para que a la brevedad apele la exoneración en la causa penal, impuesta por el juez de control.
Dan a Chihuahua calidad de víctima
La víctima en el caso de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, por el presunto delito de peculado agravado de 250 millones de pesos, es el Estado de Chihuahua, según dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
âAl respecto, me permito informar a usted que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la Secretaría) a la fecha no ha formulado ninguna querella por los hechos que investiga la Procuraduría General de la República (la Procuraduría), por lo que no ha adquirido el carácter de parte en el proceso penalâ, respondió la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos al Gobierno de Chihuahua el 18 de septiembre en tres escritos fechados el 3 de septiembre.
La dependencia explicó que en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo pueden promover un recurso de apelación aquellas personas dentro del proceso que cuenten con legitimación dentro del mismo, entendiéndose por sujetos legitimados la Fiscalía, la víctima u ofendido del delito, o el imputado y su defensor.
âEn el caso en particular, esta Secretaría no cuenta con la calidad de víctima u ofendida del delito y por ello carece de legitimación procesal para apelar dicha resolución, en razón de que los hechos investigados por la Procuraduría no causan ningún agravio o perjuicio a la Secretaríaâ, se precisó en el oficio.
âPor lo que los recursos presuntamente desviados no forman parte de su patrimonio, conforme a lo dispuesto.
