Sólo 9 de las 32 entidades del País cuenten con Comisiones locales de búsqueda
Por: Agencias
Ciudad de México.- A seis meses de la entrada en vigor de la Ley General sobre Desaparición de Personas, su implementación se ha visto afectada por falta de recursos, desconocimiento de la ley y descoordinación entre las autoridades federales y estatales.
Lo anterior se desprende de la primera recomendación que emite el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, hecha pública hoy en una conferencia de prensa.
En cuando a la falta de coordinación entre las autoridades, la Recomendación 01/2018 advierte que esto ocurre incluso entre unidades de trabajo dentro de una misma institución.
"Esto se evidencia a partir de la falta de coordinación entre la Procuraduría General de la República y el Comisionado Nacional de Búsqueda, en su calidad de secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Búsqueda, para la elaboración del protocolo homologado de investigación y el protocolo homologada de búsqueda", critican.
Conformado por familiares de personas desaparecidas, especialistas en búsqueda y materia forense, y representantes de organizaciones no gubernamentales, el Consejo Nacional Ciudadano lamentó que sólo 9 de las 32 entidades del País cuenten con Comisiones locales de búsqueda y que sólo 13 Estados tengan fiscalías especializadas en desaparición de personas.
"Aunque cuentan con fiscalías o unidades dedicadas a la investigación de la desaparición de personas, éstas no siempre tienen asignado personal a la realización de análisis de contexto, que es imprescindible para la investigación penal y localización de la persona", indica el documento para ejemplificar el impacto de la falta de presupuesto.
Sobre el desconocimiento del contenido de la ley, el Consejo seí±aló que hay confusión sobre los ámbitos de responsabilidades que corresponden a las diferentes instituciones involucradas.
"Ha llegado al extremo, según ha sido reportado al Consejo, de que personal de algunas Fiscalías se rehúsa a llevar a cabo acciones de búsqueda alegando que dicha tarea ya no les corresponde", denunciaron.
Por ello, entre las recomendaciones emitidas se encuentra establecer mecanismos para garantizar el derechos de las víctimas a participar en el proceso de redacción de los instrumentos establecidos en la ley.
Así como establecer planes provisionales de atención a casos, tanto nuevos como anteriores.
Grave Fernández, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), exigió que en lo que resta de la Administración de Enrique Peí±a Nieto se logren avances en la implementación de la ley.
"El día de la promulgación de la ley, el Presidente Enrique Peí±a Nieto se comprometió a que todo su gabinete se enfocaría a garantizar la efectiva implementación de la ley, lo que no ha sucedido", reprochó.
