Reprocha Auditoría opacidad de diputados

Advierte ASF que partidos no comprueban gastos y crecen el presupuesto ‘discrecional’.

Por Agencias Ciudad de México.- La Cámara de Diputados se mantiene entre las instancias de gobierno y de la administración pública que mayor opacidad, según los datos de la Auditorí­a Superior de la Federación, quien advierte que los recursos públicos no son registrados ni comprobados por los coordinadores parlamentarios, los partidos polí­ticos o la secretarí­a general de la Cámara Baja. En la más reciente revisión de la cuenta pública se reveló que además de las citadas partidas, los diputados federales se destinan cifras multimillonarias para apoyo en transporte, pues de 2015 a la fecha el promedio de gasto es de 200 millones de pesos anuales. Para 2018, el elemento del Poder legislativo se aprobó en el Presupuesto de la Federación (PEF) 7 mil 100 millones de pesos. De esa cantidad se asignaron al rubro de subvenciones mil 400 millones de pesos, en las partidas 3 mil 991 y 4 mil 390, bajo los conceptos de asignaciones para el cumplimiento de la labor legislativa, otros subsidios y subvenciones. Esto quiere decir que los diputados se autorizaron gastos sin comprobación equivalentes a mil 420 millones de pesos, que se dividen entre todos los partidos polí­ticos sin que tengan la obligación de comprobar que los destinaron a algún rubro del ejercicio público, ya que 55% de lo que reciben o entre 20 a 50 millones de pesos anuales, lo justifican simplemente como “para actividades legislativas”. A esto se suman las erogaciones para ayuda en gasolina, seguros de gastos médicos mayores –que incluye atención dental para los legisladores y sus familiares– y seguro de vida. La 63 Legislatura resulta un paradigma en términos de gasto per cápita entre sus integrantes. Se contabiliza una erogación por cada legislador de al menos 3 millones 183 mil pesos por concepto de dieta, es decir, salario. El monto de la dieta asciende a 76 mil pesos al mes, pero el ingreso se infla, con prestaciones diversas, a una frontera de 280 mil pesos mensuales. Este registro sólo considera los salarios, pero las bancadas dispondrán en 2018 de mil 400 millones de pesos manejados por medio de sus administradores y contralores, para atender los “requerimientos” de sus compaí±eros y partidos polí­ticos.