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Por desaparición forzada, CoIDH juzgará a México

La audiencia se llevará a cabo los días 26 y 27 de abril y será llevada a cabo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las desapariciones tuvieron lugar en Chihuahua.

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La audiencia se llevará a cabo los dí­as 26 y 27 de abril y será llevada a cabo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las desapariciones tuvieron lugar en Chihuahua.

Por: AFP

Ciudad de México.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) llevará a cabo este jueves 26 y viernes 27 de abril, una audiencia pública por una demanda contra México por la desaparición forzada de tres personas en un operativo militar contra el narcotráfico en 2009.

Las personas desaparecidas y cuyo paradero aún es desconocido, son los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José íngel Alvarado y Rocí­o Irene Alvarado Reyes, quienes habrí­an sido privados de la libertad por un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestí­an uniformes militares.

Los hechos ocurrieron en el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009.

Según la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este es el primer caso que conoce la Corte por desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en México.

Las desapariciones tuvieron lugar en el marco de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeí±aba tareas de investigación criminal.

El representante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, México, Gabino Gómez, dijo que a partir de 2008 aumentó la violencia con la militarización de la lucha contra el narcotráfico.

El activista explicó que espera que la CoIDH emita una sentencia que repare a las familias y que obligue al Estado mexicano a determinar el paradero de las tres personas desaparecidas.

Gómez comentó que, dependiendo de lo que diga la eventual sentencia, también podrí­a convertirse en una "descalificación" a la Ley de Seguridad Interior de México, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

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