Emite CNDH recomendaciones y llama a PGR a iniciar investigación al respecto.
Por Reforma
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10VG/2018 por violaciones graves en los hechos ocurridos en Allende, Coahuila, hace siete años, donde el cártel de Los Zetas habrÃa desaparecido a por lo menos 300 personas, y que podrÃa haber sido atestiguado por integrantes de la SecretarÃa de la Defensa Nacional (Sedena).
En un comunicado, el organismo explicó que, derivado de su investigación, se identificó a 38 personas vÃctimas de desaparición forzada, entre ellas tres menores; a dos personas privadas de la libertad; a 34 personas sometidas a detenciones arbitrarias, y a cinco menores vÃctimas de privación ilegal de la libertad, hechos atribuibles a efectivos de la SecretarÃa de Seguridad Pública del municipio de Allende.
El expediente de la CNDH se integró a partir de la publicación de notas periodÃsticas publicadas entre enero y mayo de 2014, en las que referÃan que el 18 de marzo de 2011, un comando armado perteneciente al cártel de Los Zetas destruyó 40 casas y siete ranchos en el municipio de Allende, donde habrÃa privado de la libertad a 300 personas, lo que derivó en la integración de una indagatoria por parte de la entonces ProcuradurÃa General de Justicia del estado de Coahuila.
La CNDH destacó que, durante la investigación, se tuvieron dos declaraciones de que “servidores públicos de la Sedena, presenciaron los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, sin embargo, no se contó con mayores elementos que pudieran acreditar el dicho de los testigos; además de que se advirtieron imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército Mexicano se constituyeron en el rancho Los Garza.
Ante la necesidad de aclarar el nivel de participación de la Sedena, la CNDH consideró que la ProcuradurÃa General de la República (PGR) “deberá iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer acción penal en contra de quien o quienes resulten responsablesâ€.
El organismo agregó que integró a su indagatoria los informes que, respecto del caso, fueron elaborados por el Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, en los que se hace mención del presunto involucramiento de funcionarios federales, estatales y de los municipios de Allende y Piedras Negras, información contenida en declaraciones de testigos protegidos que están siendo procesados en Estados Unidos, “situación que deberá ser valorada e investigada por las instancias de procuración de justicia respectivasâ€.
GRAVES VIOLACIONES
De acuerdo con el comunicado, la CNDH pudo acreditar que se cometieron graves violaciones a derechos humanos, entre ellos a la legalidad, seguridad jurÃdica y libertad personal cometidas en agravio de 34 personas, asà como de diversos pobladores del municipio de Allende, cuya identidad no fue posible establecer, y la privación ilegal de la libertad de cinco menores de edad, atribuibles a servidores públicos de la SecretarÃa de Seguridad Pública del municipio de Allendeâ€.
La CNDH acreditó que elementos de dicha dependencia municipal se coludieron con miembros de Los Zetas, registrándose violaciones a la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de 38 personas, incluidos tres menores de edad; a la legalidad, seguridad jurÃdica y libertad personal por la privación ilegal de la libertad de dos vÃctimasâ€; a la inviolabilidad del domicilio, por el allanamiento del rancho Los Garzas, asà como a la legalidad y seguridad jurÃdica, “derivado de los allanamientos, saqueos y daños a diversas casas ubicadas en el municipio de Allendeâ€.
La CNDH consideró que la PGR habrÃa incurrido en violaciones al derecho a la verdad, “por las imprecisiones en los informes proporcionados por servidores públicos de la PGR, en relación con la recepción del desglose de la averiguación previa.
PROCURADURÃA DE COAHUILA
A nivel estatal, el organismo identificó a elementos de la entonces ProcuradurÃa General de Justicia del Estado de Coahuila, “por el incumplimiento de la función persecutoria de los ilÃcitos cometidos en agravio de 14 personasâ€, asà como por la dilación e irregular integración de tres actas circunstanciadas y dos averiguaciones previas iniciadas por las desapariciones forzadas descritas anteriormente, se les violó su derecho a la debida procuración de justicia y a la verdad.
Como resultado de la investigación, la CNDH emitió recomendaciones a la PGR, al Gobierno del Estado de Coahuila, a la FiscalÃa General de esa entidad y a la Presidencia Municipal de Allende.