El Secretario General del Gobierno Municipal, Ignacio Molina, acudió a la sede de la SCJN.
Por Reforma
Ciudad de México.- Por considerar que viola la autonomía municipal, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula interpuso una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior.
El Secretario General del Gobierno Municipal, Ignacio Molina, acudió a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde presentó la documentación oficial con los argumentos jurídicos contra la normatividad.
El Ayuntamiento de San Pedro Cholula seí±aló como inconstitucionales los Artículos 7, 11 y 16 de la ley, los cuales identificó como los apartados que atentan contra la libertad de los Municipios a decidir sobre la materia.
Molina comentó a EL NORTE que la controversia se presentó con base en tres criterios básicos: el primero, que la Constitución federal otorga a los Municipios las facultades para decidir sobre seguridad pública.
En segundo lugar, expuso, seí±alan que la normatividad aprobada permite al Presidente de la República emitir en cualquier momento una declaratoria para la intervención de fuerzas armadas en los Municipios sin mediación del Ayuntamiento.
Finalmente, dijo, como tercer punto argumentaron que las fuerzas armadas en el País no pueden desempeí±ar, constitucionalmente establecido, funciones de seguridad pública.
El Secretario General del Gobierno de San Pedro Cholula anunció que ahora esperarán 10 días hábiles para conocer si la SCJN admite a trámite la controversia o, en su caso, la rechaza.
No obstante, dijo el funcionario municipal, confían en que los Ministros sí acepten entrar al debate de fondo de la Ley de Seguridad Interior y en su momento otorguen la razón al Ayuntamiento cholulteca.
"Somos el primer Municipio en todo el País que recurrimos a la Corte para que discuta, para que debata este asunto tan importante como el de la seguridad pública, y confiamos en que sea la Corte la que declare inconstitucionales estos artículos que estamos seí±alando", comentó.
"Esperamos que sea admitida y después de eso que se determine quién será el Ministro ponente, que será el encargado de determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, aunque hay elementos jurídicos para que se nos otorgue la razón", agregó Molina.
