El decreto permite que los magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
Por: Dennis A. García para El UNIVERSALCIUDAD DE MíXICO.- Al considerar que el Congreso de Sinaloa transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídicos, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto en materia de combate a la corrupción.
La PGR impugnó el decreto 768 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa de la entidad, al considerar que viola el artículo octavo transitorio de la reforma del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción.
El decreto permite que los magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
La dependencia explicó que la acción contraviene la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los magistrados en funciones sólo podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados.
âEl Congreso del estado de Sinaloa transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídicos, toda vez que detrás del mandato del Constituyente de crear, primero, un sistema nacional para luego constreí±ir a las entidades federativas al diseí±o de sistemas locales, debió reconocer la existencia de un principio de integralidad, según el cual, tales sistemas no pueden ser creados a partir de reformas aisladas, decretos descontextualizados o enmiendas parciales.
Los operadores jurídicos, no tendrán, en torno al Sistema Local Anticorrupción, la certeza de cuáles son las normas que lo rigen; es decir, carecerán del conocimiento pleno de las reglas establecidas en las leyes que regirán y delimitarán la actuación de las autoridades dentro de dicho Sistema Local Anticorrupciónâ, indicó la PGR.
Para velar por la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, promovió acciones de inconstitucionalidad contra los congresos de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo para que el tribunal revisara las reformas de las tres entidades.
El pasado 5 de septiembre los ministros de la SCJN resolvieron a favor de la PGR y declararon inválidos los decretos de los estados de Veracruz y Chihuahua.
