El órgano de la ONU considera, en cambio, que hay "incentivos económicos" que empujan a la detención de inmigrantes.
Por: Agencias
Ginebra.- El arresto de inmigrantes es utilizado de forma excesiva en Estados Unidos y carece de bases legítimas, dijo hoy el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, que pidió a Washington que garantice el respeto a los derechos humanos en esta situación.
Según cifras oficiales, al menos 352 mil personas son detenidas cada aí±o en Estados Unidos mientras se espera el resultado de sus procedimientos migratorios, lo que cuesta aproximadamente 2 mil millones de dólares a los contribuyentes.
El resultado de esas indagaciones figura en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos y que indica que "la opinión del Grupo de Trabajo es que los actuales niveles de detención de inmigrantes demuestra un excesivo uso de los arrestos en este ámbito, que no pueden ser justificados por una necesidad legítima".
El órgano de la ONU considera, en cambio, que hay "incentivos económicos" que empujan a la detención de inmigrantes, en un contexto en el que alrededor del 44 por ciento de inmigrantes arrestados están confinados en instalaciones subcontratadas.
Las compaí±ías que se ocupan de su gestión ganan más cuantos más detenidos tienen.
"El Grupo de Trabajo observó que la subcontratación de compaí±ías privadas era una de los elementos que facilitaba significativamente la expansión de los inmigrantes en custodia, por lo que urgimos que se interrumpa su utilización", seí±ala el informe.
Otros problemas que los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU constataron tenían que ver con la inexistencia de evaluaciones individuales que justificasen la detención del inmigrante, el trato que éstos reciben y que es similar al de un delincuente, y los prolongados periodos de detención, que pueden superar un aí±o.
Los expertos dijeron que hay indicios de que con la detención se busca "disuadir a las personas de seguir migrando a Estados Unidos".
Las alternativas a la detención pasan por el uso de brazaletes u otros dispositivos electrónicos de vigilancia, que el Grupo de Trabajo considera que deben reservarse a "contextos criminales".
Con información de EFE
