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IP paga al año $114 millones en ‘mordidas’

Según cifras presentadas por el INEGI con base en una encuesta, en Coahuila menos del 10% de las empresas han logrado trabajar sin dar “mordidas” a funcionarios corruptos.

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Según cifras presentadas por el INEGI con base en una encuesta, en Coahuila menos del 10% de las empresas han logrado trabajar sin dar “mordidas” a funcionarios corruptos.

Por: Rosalí­o González

Saltillo, Coahuila.- Para los empresarios coahuilenses realizar trámites ante las autoridades de cualquiera de los tres niveles de Gobierno se ha vuelto un viacrucis: la entidad es la tercera que más “tramitologí­a” padece en el paí­s y la percepción de corrupción es “alta”.

Ante el andamiaje de trámites, la iniciativa privada en Coahuila recurre al pago de “mordidas” para agilizar procesos administrativos, pero también para evitar multas y obtener licencias y permisos.

Fueron 6 mil 700 las empresas que el aí±o pasado cedieron ante la corrupción y tuvieron que realizar pagos ilegales a las autoridades, pagos que van desde los 900 pesos y llegan hasta los 33 mil 400.

‘Mordidas’ agilizan trámites para la IP

Coahuila es la tercera entidad que más “tramitologí­a” padece en el paí­s y la percepción de corrupción es “alta”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), presentada esta semana por el Instituto Nacional de Estadí­stica y Geografí­a (INEGI), 6 mil 700 empresas pagaron en “mordidas” 17 mil 150 pesos en promedio cada una, que arroja la cifra total de 114 millones 905 mil pesos que se fueron al barril sin fondo de la corrupción.

Las “mordidas” unitarias que da la IP en la entidad (33 mil pesos) son elevadas, representa 6.9 veces las que dan en la Ciudad de México (4.8 mil pesos), 5.3 veces las de Querétaro (6.2 mil pesos), o hasta 3.5 veces las de Veracruz (9.3 mil pesos).

Según la ENCRIGE, en Coahuila se realizan 9 mil 136 actos de corrupción por cada 10 mil empresas, que si se distribuye un acto de corrupción por cada empresa, sólo el 8.6% de ellas no habrí­a caí­do en un acto ilegal.

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