Sin resultados a siete años de búsqueda de Víctor Guajardo; madre exige justicia

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La representante legal de Familias Unidas, Ariana Denise García Bosque, detalló que se encuentran exigiendo que sea la federación quien continúe con el caso de Víctor Manuel

Por: Amanda Morales

Piedras Negras.-El pasado viernes 10 de julio se cumplieron siete años de la desaparición forzada de Víctor Manuel Guajardo Rivas, de 37 años, quien fue torturado en presencia de su esposa e hijos en su propio hogar por elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, así como del Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipales en Piedras Negras.

Su madre María Hortensia Rivas y también fundadora de la Asociación de Familias Unidas para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas denunció a la Fiscalía General de Coahuila por el entorpecimiento en las investigaciones y en la detención de los responsables.

María Hortensia Rivas, madre de Víctor Guajardo

Es por ello que exigió a la Fiscalía local, Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas que cumplan con lo dispuesto en el dictamen que estableció la Organización de las Naciones Unidas en el caso de Victor Manuel, para que se realice una investigación efectiva, independiente, imparcial y transparente para su localización.

La representante legal de Familias Unidas, Ariana Denise García Bosque, detalló que se encuentran exigiendo que sea la federación quien continúe con el caso de Víctor Manuel, debido a que se ha detectado un conflicto de interés que obstaculiza las investigaciones.

Representante legal de Familias Unidas, Ariana Denise García Bosque

Incluso señaló que la Fiscalía todavía no ha cumplimentado dos órdenes de aprehensión, aún y cuando uno de los elementos ya se encuentra prófugo de la justicia, misma persona que todavía fungía como policía el año pasado.

La abogada recordó que desde el año 2012 a la fecha todavía están pendientes 323 carpetas de investigación por desaparición, tortura y secuestro de personas por policías del estado, de las cuales solo un caso ha sido judicializado erróneamente como robo agravado y no por secuestro.

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