Quiere AMLO quitar concesión… a una paraestatal

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El argumento dijo que se trata de una empresa privada que pretende beneficiarse de ese contrato durante un siglo

Por: Agencias

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cancelará la concesión otorgada a la Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V. (API), con el argumento de que se trata de una empresa privada que pretende beneficiarse de ese contrato durante un siglo.

Sin embargo, la API de Veracruz es una firma paraestatal, que fue constituida por el propio Gobierno federal el 15 de diciembre de 1993.

La compañía es parte de la estructura gubernamental y es la responsable de administrar el recinto portuario, operar las terminales, instalaciones y servicios a través de contratos con terceros, para la construcción de obras de infraestructura, conexiones ferroviarias y carreteras, y la optimización de costos.

Esta mañana, durante su conferencia, el Presidente aseguró que se trata de una empresa privada que recibió una concesión por 50 años del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Denunció, además, que el 6 de julio de 2018 –cuatro días después de las elecciones–, el Gobierno de Enrique Peña Nieto renovó la concesión por 50 años más, lo que dejaría el manejo del puerto en manos de esa empresa durante un total de 100 años, entre febrero de 1994 y febrero de 2094.

«Me acabo de enterar que el Puerto de Veracruz lo concesionaron a una empresa por 50 años y días después de que ganamos le ampliaron el plazo a 50 años más. Entonces imagínense una concesión de un siglo, ¿cómo es que firmaron eso?», cuestionó.

«Vamos a buscar que se revoque ese contrato para el manejo del puerto, todo, 100 años».

Por la tarde, el Presidente publicó en su cuenta de Twitter el contrato de ampliación de concesión, firmado en 2018 por el finado Secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza.

En el documento se confirma la ampliación de la concesión, pero también que se trata de una API, es decir, de una empresa del Gobierno.

La diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle lamentó que funcionarios federales no informen correctamente al Presidente sobre este tipo de temas, ya que las APIs forman parte de los gobiernos federal y locales.

La legisladora señaló que en México existen 30 APIs con un total de 60 puertos y 17 terminales, de las cuales 16 son federales, seis son estatales, tres administradas por Fonatur, cuatro municipales y la única privada es la de Acapulco, con un 51 por ciento TMM y 49 por ciento SSA.

«Las APIs, al ser sociedades mercantiles, están sujetas a una serie de estándares de productividad importantes y vigiladas por órganos del gobierno central como son los OIC a cargo de la SFP», refirió.

«Las APIs generan ingresos muy importantes al Gobierno porque se han logrado insertar en la dinámica del comercio exterior, desarrollando los puertos con contratos de cesión parcial de derechos para hacer terminales que representan inversiones millonarias y generación de empleos».

Por otro lado, Tagle alertó sobre el riesgo de que se pretenda malinformar al Presidente para justificar la decisión de que la Secretaría de Marina tome el control de los puertos de todo el País.

«Parece que lo malinforman para justificar la entrada de la Semar en la administración de los puertos, regresar al modelo burocrático de los 70/80s y de paso ahondar la incertidumbre legal en que están las APIs desde el anuncio de la militarización de puertos y aduanas», agregó.

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