Más de 300 detenidos por saqueos en Nuevo León

0
532

De la cifra, 154 quedaron en libertad después de pagar una multa y 167 fueron puestos a disposición del Ministerio Público

Por: Agencias

Monterrey.- A más de 300 personas ascendió la cifra de detenidos a raíz de actos vandálicos y saqueos que protagonizaron, grupos de presuntos infiltrados durante y después de una manifestación que realizó frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León.

Sin embargo, 154 quedaron en libertad después de pagar una multa o cumplir un arresto por faltas administrativas y sólo 167 fueron puestos a disposición del Ministerio Público, como presuntos responsables de los delitos de sedición, desorden público, rebelión, daño en propiedad ajena, robo, y lesiones, informó la vocería del gobierno estatal para temas de seguridad y casos relevantes de corrupción.

En la zona de la Explanada de los Héroes y a raíz de los ataques al Palacio de Gobierno, la administración estatal reportó 20 detenciones, cuatro relacionadas con la destrucción de los vitrales, mismas que se realizaron con una patineta, estructuras utilizadas como vallas de acero. Incluso la revista “Hora Cero” publicó la fotografía de un sujeto que con un martillo destrozaba uno de los vitrales.

En ese contexto, se filtró a diversos medios por una supuesta fuente federal, la versión de que el activista Juan Carlos Armadillo, está siendo señalado por las autoridades como uno de los instigadores de la violencia.

Ante ello, participantes en la marcha que salió del mercado Juárez al Palacio de Gobierno, para protestar contra el gasolinazo y otros aumentos, exigieron a las autoridades no crear chivos expiatorios, mientras el colectivo Unete Pueblo, que dirige Rocío Montalvo Adame, demandó para todos los detenidos un proceso legal justo, pues si no se comprueba plenamente su culpabilidad, o se les inventan delitos, se convertirían en presos políticos.

La agrupación que participó en la organización de uno de los seis contingentes que confluyeron en la concentración de la Gran Plaza el jueves pasado, expuso que durante el recorrido desde el mercado Juárez, hubo varios intentos por “reventar” la marcha y generar violencia, por parte de varios jóvenes a los que tomaron fotografías y videos, pero gracias a la buena organización y unión de los colectivos participantes, la marcha llegó en paz al Palacio de Gobierno.

Incluso, afirmó, algunos de ellos fueron denunciados ante la policía, pero posteriormente fueron observados cuando participaban en los desmanes que causaron daños en los vitrales y la puerta principal del inmueble histórico.

Unete Pueblo demandó no perder de vista los objetivos de estas movilizaciones, que son: derogación inmediata del gasolinazo y las reformas estructurales impuestas por el gobierno federal; que el Congreso local derogue la reforma al Código Fiscal del Estado, por la cual es posible embargar los bienes de las familias que no paguen impuestos..

Asimismo, justicia, memoria y reparación del daño para las víctimas de la guerra contra el narcotráfico; reajuste del presupuesto estatal para eliminar prestaciones, viáticos y recortar sueldos de altos funcionarios; y la integración de los usuarios al consejo estatal de transporte, para que no prevalezcan solamente los intereses de los empresarios camioneros, con aval del gobierno.

Por otro lado, la organización civil Redes Quinto Poder expresó su preocupación, ante el anuncio del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, de que la Policía Cibernética del gobierno estatal tenía vigilados a los usuarios de redes sociales que han convocado por eso medio a cometer actos violentos y saqueos.

Juan Manuel Ramos, que dirige la citada plataforma ciudadana, en pro de la transparencia y contra la corrupción, repudió los actos vandálicos y violentos, pero advirtió el riesgo de que bajo ese pretexto, el gobierno de Jaime Rodríguez pretenda establecer un Estado de Vigilancia, sobre el uso de las redes sociales, como si toda la ciudadanía aprobara e hiciera apología de los saqueos y destrucción de bienes.

Consideró que ese tipo de prácticas policiales, contravienen el derecho humano a la libertad de expresión y cuestionó, quiénes conforman ese cuerpo de vigilancia, cuáles son sus límites, y cómo se determina qué usuarios de redes sociales hacen apología de la protesta violencia y de la alteración del orden público.

A su vez, la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), rechazó cualquier acto violento que pretenda insertarse en el ejercicio de los derechos de manifestación y a la libre manifestación, ya sea por parte de la ciudadanía, o los agentes del estado, si bien destacó que la violencia y desmanes ocurridos la noche del jueves, fueron provocados por grupos pequeños de “reventadores”.

Finalmente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) llamó a las autoridades estatales y municipales a garantizar la seguridad e integridad de las personas que participen en actos de protesta en ejercicio de sus derechos, a quienes conminó a participar de manera pacífica.

Instó al gobierno federal a la revisión de las políticas que afectan a la población en sus derechos económicos y sociales mismas que, junto con medidas tomadas por los gobiernos locales, motivaron las manifestaciones ciudadanas.

Comments

comments