La ‘verdad’ en las 49 horas de masacre

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Foto: Especial

Testimonios de delincuentes y policías han permitido iniciar la búsqueda de la verdad.

Por: Redacción

Ciudad de México.- Entre las 19:00 horas del viernes 18 y las 20:00 horas del domingo 20 de marzo, Allende vivió un fin de semana negro. La delincuencia organizada, en complicidad con los policías municipales montaron un operativo sangriento para vengarse de tres supuestos traidores.

Testimonios de delincuentes y policías han permitido iniciar la búsqueda de la verdad sobre la masacre en Allende, como documenta el informe realizado por el Colegio de México, En el Desamparo, un documento de más de 300 páginas que ahonda sobre los casos de Allende, Coahuila, y San Fernando, Tamaulipas, en donde la delincuencia organizada cobró decenas de víctimas.

La tragedia está directamente relacionada con el crimen organizado, con los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, que controlaban al municipio desde Piedras Negras.

De acuerdo con las investigaciones, ambos creían que había tres traidores en su organización. “El principal era Alfonso “Poncho” Cuéllar, quien tenía como subordinados a Héctor Moreno Villanueva, “El Negro”, y a Luis Garza Gaytán, “La Güiche” o “La Güichina”.

TRAICIÓN Y SANGRE

Según afirmaron Cuéllar y Moreno en juicios en Estados Unidos, los hermanos Treviño consideraron que los traidores estaban colaborando con las autoridades estadunidenses; les entregaban evidencia de operaciones, como el lavado de dinero con caballos pura sangre dirigida por José Treviño, hermano mayor.

“También los responsabilizaban de haberse llevado entre 5 y 10 millones de dólares de la ganancia obtenida por el tráfico de drogas a EU a través de Piedras Negras. Los tres se encuentran en la actualidad en EU donde, al menos Cuéllar y Moreno, son testigos protegidos de la DEA (Administración para el Control de Drogas; en inglés: Drug Enforcement Administration).

De acuerdo con investigaciones oficiales, “Garza vivía en Allende y el crimen ocupó el poblado el fin de semana que empezó el 18 de marzo. Para castigar su deslealtad desaparecieron a 26 personas”.

CRÓNICA DEL HORROR

Aunque diferentes versiones sobre la masacre señalan que en Allende desaparecieron 300 personas y que es posible que esta cifra sea verdadera, el informe apunta que el expediente de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila sólo tiene información sobre 42 desaparecidos en este municipio, en un periodo de 14 meses.

De acuerdo con los testimonios, el operativo del grupo criminal tuvo cuatro etapas: los preparativos, en la que los sicarios recibieron la orden de “que fuéramos a checar todos los domicilios de la familia Garza porque los iban a levantar para matarlos”.

Mientras que los 20 efectivos de la Policía Municipal fueron instruidos para: “No salir a patrullar, ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran” y “levantar a cualquiera de apellido Garza” para entregarlo a la delincuencia organizada.

La segunda etapa fue la captura, que inició el 18 de marzo y continuó todo el fin de semana, pues de acuerdo con las declaraciones “por la tarde llegaron, según el expediente judicial, al menos 60 sicarios fuertemente armados a Allende”, un grupo de delincuentes allanaron casas particulares llevándose a hombres, mujeres y niños.

Al allanamiento se sumaron policías municipales que siguieron “levantando” a personas para subirlos a patrullas para llevarlos a ranchos donde concentraban a los condenados.

Luego siguió la ejecución y destrucción de casas. De acuerdo con estas versiones, el domingo los sacaron de las casas cerca de las 20:00 horas para llevárselos caminando a los lugares de ejecución, “para luego matarlos a todos, disparándoles en la cabeza”.

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FIN DE SEMANA NEGRO

En el expediente se identifica con nombre a 26 personas presuntamente asesinadas. Durante el fin de semana saquearon, vandalizaron e incendiaron las propiedades. Los sicarios, incitaban a los vecinos a robar las casas antes de incendiarlas y demolerlas con maquinaria pesada. Los policías que presenciaron el saqueo “nomás se quedaron mirando”, de acuerdo con las declaraciones.

Posteriormente vino el manejo de los cuerpos y según cita el informe En el Desamparo, destruyeron los cadáveres en dos ranchos y con métodos distintos. En uno de los ranchos llevaron en un camión con redilas “tambos metálicos grandes con diésel o gasolina”.

Esparcieron el líquido por toda la casa y en la bodega donde habían amontonado los cuerpos. Remataron antes a los que quedaban con vida.

Un sicario recordó años después en su declaración que “tuve que matar a una persona de un balazo en la cabeza”. Luego prendieron el fuego que se prolongó toda la noche “hasta que se cocinaron” los cuerpos.

El informe señala que “en el expediente hay confusiones y contradicciones acerca del número de propiedades destruidas. Después de verificarlas cuidadosamente, sostenemos que fueron 32 casas y dos ranchos”.

En Allende hubo dos supervivientes. Una niña de 5 años y un niño de 3. Una policía los entregó en una casa hogar de Piedras Negras. De ahí fueron recogidos por sus parientes, con quienes viven desde entonces, asegura el informe En el Desamparo.

LA GRAN OMISIÓN

Una de las conclusiones del informe realizado por el Colegio de México es que ni la PGR ni la CNDH atrajeron el caso de Allende. La manera como fue manejado por dos gobernadores muestra actitudes diferenciadas.

“La negación define el interinato de Jorge Juan Torres López (4 de enero a 1 de diciembre de 2011). La evasión fue posible porque las víctimas y los pobladores estaban aterrorizados, mientras que la Procuraduría sólo recibió una denuncia y realizó una visita a Allende, que se caracteriza por lo ambicioso de las instrucciones y lo magro de los resultados”.

Añade que “El Gobierno de Rubén Moreira sí reconoció la gravedad de los hechos y sí se interesó por esa tragedia sin haber logrado, hasta la fecha, una solución integral ni una atención adecuada”.

Sin embargo, el informe también desataca al Gobierno de Coahuila al reunirse regularmente con los organismos civiles que representan a familiares de desaparecidos, pues le reconocen el gesto y las políticas adoptadas, pero señalan los pocos resultados concretos y algunos condicionamientos inaceptables.

Además de crear, en mayo de 2014, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila (CEAV).

“El expediente que nos entregó la Fiscalía tiene las virtudes y defectos comunes en el sistema judicial mexicano. Su soporte principal son las declaraciones y quienes interrogan no tienen interés en entender el contexto y la causalidad del hecho. Lo único que les importa es encontrar declaraciones inculpatorias”.

Hay poquísima investigación que valide la veracidad o falsedad de lo dicho en el caso Allende. Eso impide establecer con precisión los hechos, asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparaciones.

“Lo acontecido durante esas 49 horas en Allende es un episodio de una oleada de violencia que afectó a toda la región durante bastante más tiempo que aquel fin de semana y es posible que haya víctimas no registradas por la Procuraduría. Para verificarlo tendría que hacerse una investigación entre los nombres que aparecen en el expediente con los que tienen las organizaciones que representan a víctimas”, cita el documento.

Foto: Especial
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Reconocen trabajo de Rubén Moreira

El gobernador Rubén Moreira fue reconocido por el trabajo realizado en el tema de desaparecidos, en el marco de la publicación del informe En el Desamparo.

En el evento, el investigador Sergio Aguayo, del Colegio de México, y Jaime Rochín, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), reconocieron el trabajo del gobernador Rubén Moreira, la apertura y la valentía de actuar en estos casos y sumar la participación de los familiares para la resolución de este estos eventos.

Una vez concluida la presentación de este documento, familiares de personas desaparecidas aprovecharon la oportunidad para reconocer el esfuerzo del Gobernador y exhortaron a funcionarios públicos de otras entidades federativas a que se sumaran a este esfuerzo.

El documento señala que: “En Coahuila, Rubén Moreira ha sentado las bases de una mejor política”, por lo que el Gobierno del Estado reitera el compromiso de seguir avanzando en el esclarecimiento de los hechos relacionados con Allende, así como en la totalidad de los casos en Coahuila.

Cabe destacar que el Gobierno de Coahuila envió un comunicado a los medios de comunicación donde reconoce el trabajo realizado por el Colegio de México y la CEAV y de todas las personas que colaboraron de alguna manera en el informe.

El gobernador Rubén Moreira Valdez fue el primero en alzar la voz y desde su primer año de gobierno determinó se realizaran acciones concretas para consolidar las condiciones de paz social y de seguridad en Allende, que han permitido realizar las investigaciones.

El Gobierno del Estado reitera su postura de atender las observaciones contenidas en el informe, observa con beneplácito la posibilidad de sumar esfuerzos con las personas que elaboraron el documento referido, así como con los diversos actores públicos de la entidad, para integrar una comisión de la verdad.

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‘Lamentable que Coahuila sea la fosa más grande’

La senadora por Coahuila, Silvia Garza Galván, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el tema de las fosas clandestinas en el ejido Patrocinio, ubicado en el municipio de San Pedro de las Colonias, en la Comarca Lagunera, ubicado a 80 kilómetros de Torreón.

La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República explicó que es urgente que las autoridades federales atraigan el caso a fin de que a la brevedad posible se inicien las averiguaciones previas y se castigue a los responsables de estos crímenes.

Luego de presentar un punto de acuerdo en el Senado de la República el miércoles 5 de octubre, Garza Galván también exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que se investigue las violaciones a los derechos humanos por la omisión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila en el desarrollo de las pesquisas.

“Es triste ver que en Coahuila haya más de 70 fosas clandestinas y que la autoridad tenga conocimiento desde hace mucho tiempo y no haga nada”, dijo la senadora panista.

La lucha del Grupo Vida permitió localizar lo que denominó “la fosa más grande de México”, pero “no basta sólo señalar que la autoridad se ha visto rebasada, hay que trabajar, la delincuencia no tienen partido, argumentó la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

“Los testimonios de los habitantes del ejido Patrocinio son muy claros, aseguraron que los criminales llegaban con los cuerpos, los llenaban de diésel y les prendían fuego hasta que se consumieran las víctimas, mientras los criminales se entretenían con juegos para pasar el tiempo”, manifestó Garza Galván.

En ese sentido, la senadora por Coahuila recordó que con base en declaraciones recientes del subprocurador de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, José Ángel Herrera, la fosa más grande de México, se calcula que contenga unos 3 mil 488 cuerpos.

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Allende, la represalia sangrienta

Entre 2011 y 2012, al menos 42 personas, se calcula que la cifra podría llegar a 300, fueron desaparecidas por integrantes de un grupo criminal, en venganza por la supuesta traición de algunos de sus operadores en esa localidad.

Los desaparecidos, que según testimonios habrían sido asesinados y “cocinados”, fueron levantados por sicarios y policías locales. El grupo criminal también saqueó, e incendió propiedades de las víctimas por el hecho de ser familiares o cercanos a los “traidores”.

En el documento se sostiene que el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres, evadió la responsabilidad de su Administración al negar o minimizar los hechos; mientras que el Mandatario actual, Rubén Moreira, reconoció la gravedad, pero no ha brindado una solución integral.

Respecto al desempeño de las autoridades estatales, el caso no se investiga a nivel federal, concluye que la Procuraduría ha dado magros resultados y no ha agotado líneas de investigación como las “represalias” que los criminales habrían tomado en municipios aledaños.

“Esta falta de interés por la verdad y el afán de dar por cerrado el asunto tal vez influyan en la insistencia del Gobierno de Coahuila a las familias y a sus representantes de que los desaparecidos están muertos y que los perpetradores también están muertos o encarcelados”, abundó.

Foto: Especial
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San Fernando, el campo de exterminio

Tras analizar estadísticas y distintas constancias, declaraciones y reportes sobre la masacre de migrantes en San Fernando, cometida en agosto de 2010, los investigadores concluyeron que el municipio tamaulipeco era en 2010 un “campo de exterminio”.

Documentaron que el grupo criminal secuestraba a migrantes, que luego ejecutaban “en masa”, para mantener el control de la plaza y evitar que le llegaran a sus rivales de distintos grupos delicuenciales.

Coordinados por Aguayo, los investigadores concluyeron que las autoridades municipales fueron, en el mejor de los casos, “figuras decorativas” ante la masacre, a pesar de que los criminales tenían a su servicio a los 36 policías que entonces tenía San Fernando.

El documento sostiene que el Gobierno estatal de Egidio Torre Cantú se distinguió por la negación y la ineficiencia, pues no sólo resbaló su responsabilidad al afirmar que el crimen organizado era un problema federal, sino que su Procuraduría actuó con poco profesionalismo.

Sobre el papel de la CNDH, critica que tardó casi tres años en emitir su recomendación del caso, lo que terminó haciéndola irrelevante para la protección de las víctimas, además de evidenciar falta de empatía hacia ellas. “No cumplió con su obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de investigarlas para contribuir a que hubiera justicia y reparaciones”, señala.

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