Defienden validez de análisis presentado ante Corte Internacional

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Las más de 100 organizaciones que presentaron su informe en la Corte Internacional aclararon sus motivos para ir a esa instancia. Acusan cooperación estado – narco.

Por: Redacción

Piedras Negras, Coahuila; 12 julio 2017.- La organización Fray Juan de Larios organizó una rueda de prensa en conjunto con  Familias Unidas y el FUNDEM , así como en apoyo y representación de más de 100 organizaciones, en el cual se defendió  el análisis que se entregó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Detallaron como su investigación se basa en múltiples fuentes, las cuales incluyen desde información proporcionada por familiares de las víctimas hasta más de 100 recomendaciones de Derechos Humanos de Coahuila. También expresaron que se apoyaron en las declaraciones obtenidas en las audiencias judiciales texanas, las cuales prueban, dijeron, el apoyo brindado por funcionarios públicos estatales a grupos delincuenciales.

A continuación transcribimos íntegramente el boletín presentado por las mencionadas organizaciones:

“El pasado 6 de julio, entregamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, un extenso comunicado que contempla un análisis sobre crímenes contra la humanidad cometidos en Coahuila, en el que solicitamos la apertura de una investigación preliminar.

Esta comunicación ha sido escrita sobre la base de entrevistas a víctimas e información proporcionada por Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Ambas organizaciones compartieron información detallada y expedientes de casos particulares de víctimas de privación grave de la libertad física, tortura y desaparición forzada de personas en Coahuila. Asimismo, proporcionaron análisis detallados del contexto en Coahuila con miras a establecer una línea del tiempo que explique de manera clara y coherente el complejo escenario de violencia en dicho estado. Tal información ha sido complementada con datos compartidos por la CMDPDH e I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Adicionalmente, la comunicación se ha basado en casos derivados de más de 100 recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila contra las fuerzas estatales por tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y ejecuciones.

El número total de casos que respaldan la comunicación se compone a la vez de 32 casos, correspondientes a 73 víctimas, de un total de 562 víctimas documentadas entre las dos organizaciones. También, ha sido utilizada información disponible de fuentes abiertas sobre los hechos de la denominada “Masacre de Allende” y sobre los crímenes cometidos en la cárcel de Piedras Negras, además de testimonios de los miembros del cartel de los Zetas que fueron recolectados y sistematizados por la Clínica Jurídica de la Universidad de Texas, en las audiencias judiciales llevadas a cabo en las ciudades de San Antonio y Austin, desde el 2013, y que prueban el apoyo brindado por funcionarios públicos estatales de Coahuila y fuerza pública estatal a los Zetas para cometer dichos crímenes.

Los casos y cifras indicados a lo largo del documento suponen una muestra limitada, aunque representativa, de un fenómeno criminal más amplio. Así, a modo de referente, únicamente se cuenta con una cifra oficial de 1791 denuncias relativas a 1830 personas desaparecidas en Coahuila, según la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas del Estado.

Nos mueve el dolor de las familias, los esfuerzos gigantes por encontrar a sus seres queridos y exigir justicia mientras se les criminaliza y desprecia. Algunas temen que la comunicación a la CPI resulte en represalias, que se terminen los apoyos o se niegue la atención por parte del Estado. Si fuese el caso constituirían violaciones a derechos humanos y un ejercicio coercitivo del poder, por medio del chantaje. Las víctimas tienen derecho a exigir los más altos estándares internacionales en la consecución de la verdad, la justicia, y la reparación, y el Estado tiene la obligación de satisfacer esos derechos. Acudir a los órganos internacionales no tiene otro propósito que incentivar el logro de esos estándares.

No dejamos de reconocer los avances de política pública en Coahuila para atender las necesidades de las víctimas indirectas de la desaparición de personas, las reformas legales y los pasos incipientes de un ambicioso programa de recuperación e identificación de restos, todos ellos sin precedente en el país y un ejemplo para otras entidades; pero en materia de investigación y búsqueda los resultados son casi inexistentes.

Acudimos a la CPI porque en estos diez años de la llamada “guerra contra el narco” el Estado mexicano ha sido incapaz de investigar y procesar a los responsables de crímenes atroces como los que hemos documentado en Coahuila. En el ámbito federal las denuncias de desaparición forzada tienden a ser enviadas a las entidades federativas donde se cometieron los crímenes, no obstante el vínculo evidente con el crimen organizado. A nivel local, en el mejor de los casos, se investigan como delitos aislados del fuero común. En los muy contados casos donde existen personas procesadas, son apenas algunos autores materiales, sin tocar jamás a las estructuras criminales que han hecho posible el estado de terror en que ha vivido la población civil. Los juicios de Texas nos dan una idea de estas redes tripartitas, cárteles, funcionarios y empresas, coludidas y detrás de esos crímenes. En suma, delitos contra la humanidad se investigan como delitos aislados en el fuero común. De allí que sean muy pocos los desaparecidos que se localizan y que no existan más que un puñado de sentencias por desaparición forzada.

Coahuila no es la excepción como parecerá evidente, es sólo una pieza de un contexto regional que incluye el noreste del país y de allí se extiende al resto de la República. La impunidad es la principal razón de que el cáncer de la macro criminalidad se extienda a lo largo del país y que cargue con víctimas inocentes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

 Después de presentada la comunicación a la CPI, comienza un estudio por parte de la Fiscalía, de las alegaciones, evidencias e indicios presentados, para calificarlos en el marco de lo que establece el Estatuto de Roma. Haciendo un análisis comparativo de investigaciones preliminares en otros países del mundo, varios expertos han coincidido que la calidad de esta comunicación está por encima de los estándares, por tanto se esperaría que califique para una investigación preliminar.

Posteriormente, la Fiscalía de la CPI indagará cuáles son los esfuerzos nacionales para tratar estos crímenes o si es necesario que intervenga en complementariedad. Hay evidencia de sobra que señala como las investigaciones son prácticamente inexistentes e insuficientes, y más aún, tendentes a encubrir a los perpetradores e investigar a las víctimas, como en el caso Ayotzinapa y otros ejemplos de espionaje ilegal e inmoral.

Dadas las condiciones, por la vía del derecho internacional, la CPI será competente para investigar los crímenes contra la humanidad en Coahuila y quizá en otras partes del país, si en el conjunto del análisis con comunicaciones anteriores, consideran que hay información suficiente para abordar otros casos ya sometidos al conocimiento de la Fiscalía.

Una mirada de Estado permitirá apreciar que lejos de ser una amenaza, es un reto y también una oportunidad para el Estado mexicano. La intervención de la CPI nos ayudará a subirnos a las vías del estado de derecho y la justicia, que hoy se encuentran descarriladas. Si el gobierno mexicano no quiere la intervención de la CPI, deberá establecer entonces, con el apoyo de la misma Fiscalía y la comunidad internacional, un órgano independiente e imparcial, internacionalizado y de carácter extraordinario, con el mandato de investigar crímenes atroces y procesar a los responsables, desmantelando las estructuras de macro criminalidad que hoy tienen sometidas a nuestras instituciones nacionales de justicia.

Apelamos a aquellos dentro del gobierno que conservan una perspectiva de Estado, para que busquen junto con las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de víctimas, salidas a la impunidad que carcome día con día al país y brindarles a las víctimas la justicia que merecen.”

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